La regionalización de los Arquitectos seguirá debatiéndose en comisiones
Los profesionales que están dentro del CPAIA (Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería, Arquitectura) no están de acuerdo en cómo se presentó el proyecto de ley, impulsado por algunos colegas de la zona norte provincial. Fueron invitados a exponer en la Legislatura.
Los arquitectos se encontraron en Puerto San Julián para analizar el proyecto de ley que establece una nueva organización institucional de los profesionales en Santa Cruz.
A la reunión asistieron 38 profesionales provenientes de casi toda la provincia, que debatieron durante cuatro horas, desde cómo organizarse hasta cómo se llevó adelante la presentación del proyecto.
“No estamos tan en desacuerdo, la idea de la independencia del claustro, la independencia de los arquitectos para trabajar en conjunto está clara” afirmó Diego López, integrante del CPAIA, al tiempo que sostuvo que lo mismo pasa con la idea que la regionalización “ya que no está bueno que todo se decida en Río Gallegos”.
“El desacuerdo fue en cómo se impulsó y en que el ámbito de discusión, que tendría que haber sido entre colegas, se trasladó a la Cámara de Diputados en un ámbito que es democrático pero que la decisión ya no pasa por nosotros”, mencionó.
Tema económico- Por su parte, Ignacio Bielle, consejero en el CPAIA, afirmó que se reunieron con funcionarios a quienes les acercaron la propuesta de funcionamiento de ese ente que “entendemos no sólo está cubriendo lo que se propone por nuestros colegas, sino que va un poco más allá y protege a toda la comunidad profesional de la provincia”.
Especificó que en Santa Cruz hay 460 matriculados, de los cuales 203 son arquitectos, es decir el 44 por ciento de la matrícula, por lo que una escisión de los arquitectos generaría que el Consejo Profesional no funcione porque no se podría sostener económicamente.
“No podríamos funcionar con autonomía; los recursos que generamos el año pasado como claustro son el 30 por ciento de la recaudación del Consejo” y añadió que si tuvieran que generar las tres delegaciones que se proponen en el proyecto, deberían recaudar 6 millones de pesos sólo para sostenerlas.
Ante esto, proponen es “una especie de consorcio, es decir, una administración central con cada uno de los claustros funcionando de forma independiente, que cada uno decida sus autoridades, su jurado de ética, que maneje sus fondos”.