Alertas Rojas

La exposición de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fundamentando la nulidad de la causa del Memorándum con la República Islámica de Irán en la audiencia pública convocada por el Tribunal Oral Federal N° 8, puso en evidencia no solo las graves fallas del Poder Judicial sino también los déficits estructurales de la política argentina.

El debido proceso y el rey desnudo

Hasta los ciudadanos menos versados en derecho penal comprendieron las alteraciones del debido proceso que vician esta causa con acciones que involucran a varias instancias y funcionarios del poder judicial durante 27 años, con algunas excepciones como la del Juez Rafecas que la había desestimado ¨por inexistencia de delito¨.

La constatación del desapego al derecho de jueces y fiscales vino a reforzar las informaciones que indicaban que esta causa no debía prosperar debido a que nunca se solicitó a Interpol levantar las alertas rojas y porque el memorándum nunca entró en vigencia. Aspectos sustantivos sobre los cuales se asentó la denuncia del entonces fiscal Nisman.

Si en ausencia de pruebas todo deviene abstracto, solo una razón cínica puede sostener un proceso que daña aspectos centrales del país e impide avanzar para lograr verdad y justicia sobre un atentado terrorista gravísimo.

El alegato de la vicepresidenta, transmitido en streaming y multiplicado en una cadena nacional, ineludible aún para los medios dedicados a injuriarla sistemáticamente, adquirió un alto valor pedagógico para los ciudadanos de a pie que accedieron de primera fuente a los detalles más oscuros del funcionamiento del poder.

La decisión de facilitar esta audiencia tomada por los jueces federales María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini, terminó siendo una involuntaria contribución a la educación del soberano al permitir ventilar públicamente modos de ejercicio del poder que contradicen principios republicanos y atentan contra la calidad institucional.

El formato y la amplitud de la audiencia van a dejar sedimentos de largo plazo en la memoria de los ciudadanos y en la perspectiva sobre la cual estos van a juzgar sus instituciones y dirigentes en el futuro. Es posible que la metáfora ¨el rey está desnudo¨, enfatizada por la vicepresidenta, en el instante mismo de pronunciarla haya superado la referencia al ex presidente Macri para involucrar a gran parte de la derecha argentina que comparte conceptos y praxis.

Teatro de operaciones

La falta de esclarecimiento en el ámbito judicial de los atentados en la Embajada de Israel en 1992 y en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 muestra también una falla significativa del Estado, el fracaso estrepitoso de los organismos de inteligencia nacionales y el alto nivel de incidencia de los organismos de otros países que intervinieron en el proceso de investigación.

Ambos hechos dejaron una cicatriz abierta que ya lleva tres décadas. Lograr un balance sobre lo ocurrido es necesario para sanar la sociedad y para definir políticas sustantivas sobre la inserción Argentina en el mundo.

¨Nosotros queremos pertenecer al Club de Occidente….no queremos un amor platónico. Nosotros queremos un amor carnal con Estados Unidos. Nos interesa, porque podemos sacar un beneficio¨, dijo el entonces Canciller Di Tella en 1990 cuando anunció el drástico cambio de rumbo de la política exterior argentina.

El camino elegido requirió ajustes traumáticos en la sociedad argentina y organizó la política de esa década de alineamiento sobre temas sensibles para la diplomacia estadounidense, terrorismo y narcotráfico, así como un rol activo en ciertos conflictos bélicos internacionales.

En esos años junto a una oleada de privatizaciones, endeudamiento y desregulaciones de mercado se hicieron profundos ajustes en la política sobre Malvinas, el proyecto Cóndor, la política nuclear, el abandono del Movimiento de los No Alineados (MNOAL), el protagonismo activo en la política centroamericana y la participación argentina en la operación Tormenta del Desierto, entre otros.

Esa línea de acciones cimentó la inclusión oficial de Argentina en 1997 en el grupo de países aliados Extra-OTAN de los EEUU junto a Israel, Jordania y Egipto, entre otros. Una pregunta de los estrategas de esa época era ¿Por qué un país de una región sin conflictos y estable se integra voluntariamente a un grupo de países en guerra e inestables?

Esta pregunta que aún no encontró respuestas geopolíticas pertinentes al interés nacional, solo pudo explicarse parcialmente por razones económicas en relación a una lista muy restringida de empresas vinculadas al negocio de la guerra, que adquirían un nuevo estatus comercial por la condición de aliados Extra-OTAN.

Muchos analistas en estrategias internacionales señalaron con lucidez que era una situación infrecuente que un Estado comprometa su disposición a la defensa de otras naciones ubicadas a miles de kilómetros de su frontera, con quienes hasta ese momento no compartía intereses sustanciales ni ninguna amenaza en particular.

El anterior gobierno de Juntos por el Cambio aceptó gustoso ese legado que había sido cuestionado por Néstor Kirchner cuando le comunicó al presidente de EEUU George Bush, en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata realizada en 2005 que Argentina no ingresaría al ALCA, dando por terminado el camino iniciado con la firma del tratado de 1994.

A tres décadas de estos hechos parece extremadamente difícil construir un camino que instituya líneas de investigación que se aproximen a un sentido de justicia sin antes realizar un balance integral de las consecuencias generadas por aquellas decisiones.

Al contrario, se observa que las debilidades acumuladas convirtieron a esta causa judicial y otras asociadas en un ¨teatro de operaciones políticas¨ que en cada etapa facilitó que una serie de actores oportunistas operaran con cierta impunidad en defensa de sus intereses de coyuntura como los fondos buitres, pero que antes tuvo también otros que ganaron en desmedro de la justicia.

Este ¨teatro de operaciones¨ marcado por ¨la hipótesis Iraní¨ promovida tempranamente por los organismos de inteligencia de los gobiernos con los que se comparte el acuerdo ¨Extra OTAN¨ terminó por convertirse en un gran desorganizador de las acciones de los organismos estatales con implicancias severas en las políticas sustantivas del Estado.

Un interesante informe del Centro Legales y Sociales (CELS) titulado ¨El caso AMIA, el poder judicial y los servicios de inteligencia¨ publicado cuando se cumplían los 21 años del atentado señalaba que ¨esta red de relaciones que vinculaban al sistema político, el poder judicial, el Ministerio Público Fiscal y el sistema de inteligencia estaba bien consolidada en el momento en que la Argentina sufrió estos dos ataques terroristas devastadores¨.

En él se sostenía sobre el Juez Galeano que ¨durante los cruciales primeros meses, su trabajo estuvo plagado de irregularidades¨ que derivó en que ¨el juez y la SIDE conspiraron para construir una explicación¨ que al ser revisada en 2003 se probó que era falsa.

Esta situación que pudo conocerse públicamente cuando el entonces presidente Néstor Kirchner relevó en 2003 a los agentes de su deber de mantener sus actividades en secreto, permitió acceder a información que llevó al jurado a dictaminar que aquellas decisiones ¨se basaban en irregularidades judiciales, declaraciones compradas y el uso ilegal de los recursos del Estado¨ y que solo era “un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.

Punto final

Todo indica que es necesaria una reforma judicial que impida la constante alteración del debido proceso judicial por intereses particulares. También que se debe terminar con la naturalización de los operadores que en su ¨Mesa Judicial¨ sientan fiscales, jueces, periodistas, funcionarios de organismos de control y otros actores con el objeto de perseguir adversarios políticos y realizar negocios degradando la capacidad de las instituciones.

Pero esto no se podrá hacer si no se asume con lucidez que lo ventilado en esta Audiencia interpela también a toda la clase dirigente sobre la persistencia de una debilidad estructural de la política para afrontar los desafíos de una inserción soberana en el mundo. La verdadera alerta roja es que todo siga así.

El mejor homenaje a las víctimas y familiares de la AMIA y de la Embajada de Israel será recuperar las instituciones judiciales como parte de un proceso mayor que consolide la autonomía decisional del Estado para poner punto final y desmantelar definitivamente este horrible ¨teatro de operaciones¨ que impide que la verdad emerja como parte una política de Estado a la altura de la historia.

[1] Profesor Titular e investigador I del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Miembro del Directorio de la Agencia Nacional de I+D+i.