Denuncian precarización y bloqueo en Puerto Caleta Paula
El 26 de septiembre, la planta de Conarpesa en el puerto de Caleta Paula reanudó sus operaciones bajo un contrato de locación a Inclumar SA, empresa que asumió la gestión de las instalaciones.
Aunque el gobierno de Santa Cruz, junto al Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), había gestionado un compromiso de reincorporación de trabajadores, varios empleados no fueron restituidos a sus cargos. Diego Marto, secretario general de STIA, señaló que las cesantías afectan a trabajadores en sectores clave como cámaras frigoríficas y portería.
Bloqueo en el Puerto y Reacciones Sindicales
Frente a los despidos, desde este martes, trabajadores y sindicalistas decidieron bloquear la salida de camiones cargados con merluza procesada que tenían como destino Puerto Madryn para exportación a Europa. Marto destacó que, hasta el momento, siete empleados recibieron telegramas de despido, y se estima que otros nueve podrían correr la misma suerte en los próximos días.
Acusaciones de Precarización Laboral
Marto denuncia que la intención de Inclumar SA sería reemplazar al personal con cooperativistas, buscando abaratar costos mediante precarización laboral. Según el dirigente, esta práctica reduce beneficios y estabilidad para los trabajadores y viola la Resolución Provincial Nº 2015/94, que prohíbe el uso de cooperativas en ciertos sectores laborales de Santa Cruz. Ante esta situación, STIA ya presentó denuncias ante el Ministerio de Trabajo para exigir el respeto a la normativa vigente.
Marco Legal y Reclamo de Soluciones
La Resolución Provincial Nº 2015/94 fue implementada con el objetivo de proteger a los trabajadores de condiciones laborales inadecuadas, limitando el uso de cooperativas para evitar la flexibilización en sectores industriales específicos. Desde el sindicato, se espera que las autoridades intervengan para asegurar el cumplimiento de esta normativa y restablecer los derechos de los empleados cesanteados. Marto enfatizó que la precarización laboral atenta contra la estabilidad y las condiciones de trabajo dignas, instando a las autoridades provinciales a mediar en el conflicto.