Dos años con Maxia

A principios del 2019 se firmaría el contrato entre el Municipio de Río Gallegos (bajo la gestión de Roberto Giubetich) y la empresa de transporte público Maxia. El acuerdo en aquel momento fue polémico por las condiciones que imponía la prestadora y posteriormente fue ratificado en el Concejo Deliberante, según correspondía. De todas maneras, algunas de las consecuencias que acarreó en ese entonces se siguen sintiendo hoy en pleno 2021 en medio de una pandemia. Este lunes los usuarios de transporte público recordaron en redes sociales que ya se cumplieron dos años de aquel acuerdo que marcaría a fuego el último tramo de la gestión de Giubetich (con los concejales poniendo la lupa sobre la letra chica) y la mitad de la gestión del actual intendente Pablo Grasso. En medio hubo no solamente amenazas por parte de la empresa de retirarse de la concesión, sino también una pandemia y el reclamo de los trabajadores de UTA.

Vale señalar que desde el inicio de la gestión de Grasso se vivió una situación tensa con Maxia. A principios de 2020 y debido a una situación tirante con el Ejecutivo, desde la empresa habían anunciado que iban a rescindir el contrato. Tras esto, se realizó una judicialización de la relación e incluso la Municipalidad realizó la toma de posesión de los colectivos. De todas maneras, debido a la pandemia, las líneas dejaron de recorrer las calles de Río Gallegos y se fueron normalizando con el pasar de los meses, siendo la línea C la última en reincorporarse.

En primera instancia se permitió el recorrido de la línea B y E, siendo la que mayor cantidad de pasajeros tenían históricamente (corresponden a recorridos de barrio Belgrano y San Benito, por ejemplo). Finalmente y luego de la insistencia de la Asamblea de Vecinos, se consiguió que la línea C finalmente vuelva a recorrer las calles de la capital santacruceña.

La línea C recorre las calles de los barrios Náutico y Evita, pasa por la Autovía 17 de Octubre, ingresa al Barrio del Carmen, circula por la calle Zapiola hasta llegar a Tucumán hasta doblar en Jujuy. Se dirige hacia el barrio Belgrano por Deán Funes y luego ingresa al barrio 2 de Abril para llegar al predio de la UNPA.

Entre partes

El primer acuerdo se firmó en marzo del 2019. Lo hizo el intendente Giubetich con la empresa, pero tuvo que dar también explicaciones al Concejo Deliberante. En aquel entonces se fijó el precio del boleto en $25, algo que se mantiene hasta ahora.

Desde que se firmó a principios de 2019 el contrato entre el Municipio y la empresa Maxia fue cuestionado por los puntos acordados entre la Comuna y la prestadora del servicio. Quienes ahora están a cargo de la administración municipal, en ese entonces eran oposición y han mantenido sus cuestionamientos a la empresa a lo largo del año. Es que no vieron con buenos ojos ni los subsidios ni los precios de los boletos que habían cerrado.

En el punto 13 del contrato que se firmó a principios de 2019, sobre referente al valor del subsidio municipal, se detalló que "a fin de garantizar la normal y regular prestación del servicio y de que la totalidad de la tarifa no recaiga sobre el usuario, la Municipalidad subsidiará la tarifa obligándose a pagar la suma de 126.000 pesos por mes y por cada unidad afectada al servicio".

En el punto 14 en cuanto al subsidio nacional, que el Gobierno central dejó de abonar en diciembre de 2018, se estableció el pago de 147.000 pesos por mes "y por cada unidad afectada al servicio".

El punto 15 fue en donde se especificó que de "carácter extraordinario" la comuna deberá pagar el adelanto de subsidio, que consiste en 21 millones "que se abonará de la siguiente forma: a) Dentro de los cinco días hábiles de ratificado el Contrato por el Honorable Concejo Deliberante la suma de 15.000.000. Y dos cuotas de pesos tres millones ($3.000.000.-) cada una, a vencer a los treinta y sesenta días respectivamente del primer desembolso".