El Gobierno impone nuevas medidas para controlar a las universidades

Este viernes 13 de diciembre, el Gobierno sorprendió e impuso nuevas medidas para controlar los gastos de las universidades públicas. Así se conoció a través de cuatro decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial. 

De esta forma, obligan a las instituciones educativas estatales a canalizar sus adquisiciones y contrataciones a través de los portales oficiales del Estado, como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el sistema e-SIDIF, que reemplazará al actual Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá).

Estas disposiciones fueron desarrolladas por el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones, que depende de la Jefatura de Gabinete. En tanto, las nuevas regulaciones buscan reformar el sistema económico y financiero de las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar un mayor control sobre el destino de los fondos públicos asignados a estas instituciones.

Uno de los puntos clave de la reforma es la prohibición de firmar acuerdos o convenios sin someterlos a un proceso de licitación o compulsa de precios. Esto afecta principalmente a los “convenios interadministrativos” con otros organismos estatales o cooperativas, que anteriormente quedaban exentos de control por parte de la administración nacional.

Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, destacó que, si bien las universidades gozan de autonomía para gestionar su presupuesto, el dinero que utilizan proviene de la administración pública y, por lo tanto, debe estar sujeto a los mismos principios de transparencia y control que cualquier otra entidad pública.

“La autonomía de las universidades para definir cómo gastar su presupuesto está garantizada, pero, como el financiamiento es público, los recursos deben ser administrados con los mismos estándares de rendición de cuentas que exigen otras áreas del sector público”, afirmó Fariña.

Este nuevo marco regulatorio pone énfasis en la necesidad de aumentar la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos universitarios, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades, que han criticado la intervención en sus prácticas de gestión financiera.