El Gobierno sostiene que la "necesidad y urgencia" del DNU representan "cuestiones políticas no justiciables"

En las últimas horas, el Gobierno afirmó que las "razones de urgencia y necesidad" que motivaron el DNU 70/2023 "constituyen cuestiones políticas no justiciables", razón por la cual, los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación reclamaron que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el mega decreto del presidente Javier Milei, dado que ya está a consideración del Congreso.

A través de distintas presentaciones realizadas por los expertos en leyes, durante la tarde de este miércoles, la gestión de Milei señaló que "actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería, al menos, prematura. Además de transgredirse el principio de división de poderes".

En este sentido, la entidad que encabeza Rodolfo Barra indicó: "No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia, es del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial". Y agregó: "La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política".

"El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país. Como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria", justificaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre, en representación del Estado Nacional. De esta manera, la determinante postura del Gobierno fue plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno, que fueron presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien se encuentra de turno en la feria judicial.

Estos informes fueron presentados en los expedientes que tienen lugar gracias a los amparos contra el DNU que formalizaron el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.  En ambos se reclamaba que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que se dicte una medida cautelar hasta que eso ocurra.