Finalmente, fue homologada la emergencia agropecuaria para Santa Cruz
Había sido pedida por la provincia en el mes de febrero de este año, pero recién este viernes fue publicada en el Boletín oficial. Es retroactiva, rige desde el momento de la solicitud hasta el mismo mes del 2024. Así lo explicó en Tiempo FM, el gerente del Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz, Miguel O’byne.
El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en cinco partidos de Buenos Aires y toda la provincia de Santa Cruz por la sequía. Sobre el tema, habló en Planeta Tiempo, que se emite por Tiempo FM 97.5, el gerente del Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz, Miguel O’byne.
En primer lugar, el funcionario explicó de que “lo que salió publicado es la homologación, a nivel nacional, de la emergencia agropecuaria que pidió Santa Cruz a fines de febrero, cuando la gobernadora Alicia Kirchner lo anunció en la Sociedad Rural de Río Gallegos, en la exposición Ganadera”.
“Esta emergencia permite prorrogar el pago de impuestos para la gente que ha tenido muchos problemas de pérdidas en los últimos años. Se declara porque estamos transitando el tercer año de sequía consecutiva y entrando al cuarto. Porque si bien en el 2024 se esperaba que cambiara la corriente, hasta ahora no se ha visto. Hemos tenido una primavera muy fría, con un poco más de agua que los años anteriores, no fue nada significativo”, sostuvo.
Recordó que “la provincia ya fue declarada en emergencia agropecuaria en el 2016 y también en 2020, fundamentalmente por la sequía. Se está mostrando una tendencia climática cada vez más marcada, hay menos pasto, hay menos agua, o sea, hay menor capacidad para tener animales comiendo en el territorio”.
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El dato preocupante es que cada año bajan 100.000 cabezas. “Los números del Senasa de hace 6 o 7 años atrás, indicaban que existían en la provincia 2.600.000 animales y ahora estamos apenas arriba de 2 millones. Además de la mortandad, muchos animales se vendieron prematuramente para que no mueran, van a frigorífico o a otra provincia para tratar de que se engorden”.
Sobre la sequía, informó que “hay establecimientos que tienen 50 años de registro de lluvia, otros que tienen 70, 80 años de registro de lluvia y nieve. Todos marcan la tendencia de los últimos 10 años, los últimos 5 años, una reducción del 30% en la media histórica. También tiene mucho que ver en qué meses está esa sequía, ya que si no hay agua en primavera, que es la época del crecimiento del pasto, y algo en verano, que es cuando se mantiene o se debe mantener el pastizal, por más que te lluevan toda la lluvia en junio, no sirve”.
“Con este clima decreciente, el efecto del sobrepastoreo se nota cada vez más y no se le está pudiendo ganar a todo esto. Encima de ello, tenemos más de tres millones de guanacos compitiendo por la misma cantidad de pastos. Ese es el estado del suelo santacruceño”, concluyó.
Las medidas para los productores afectados.
En Santa Cruz, se dispuso el estado de emergencia por el periodo de un año desde el 16 de febrero último hasta la misma fecha de 2024. El estado de emergencia únicamente abarca a las explotaciones ganaderas de ganado mayor y menor que fueron afectadas por la sequía.
En la provincia, tanto la sequía como los fuertes vientos y las bajas temperaturas ocasionaron mortandad perinatal en corderos y afectaron el estado general de las majadas.
La decisión fue tomada luego de que se presentaran decretos para su tratamiento a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la cual analizó y homologó los estados de emergencia.
Como se estipula en los casos de emergencias agropecuarias, para recibir los beneficios, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.
Santa Cruz remitirá a la Comisión el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos.
La asistencia para las zonas en emergencia contempla, por un lado, la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a su finalización de la emergencia.
Esto incluye el diferimiento de los pagos del integrado del monotributo y de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y del Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa.
Del mismo modo, podrán deducir en el balance impositivo de ganancias el 100% de los beneficios derivados de la venta forzada de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.
Por otro lado, contempla la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados; y en caso de que ya estuviera iniciado, deberá paralizarse hasta que expire la emergencia.
Se prevé, además, la deducción en el balance impositivo de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda, y la AFIP otorgará planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones.