Municipio informó que Provincia cobrará carga de agua potable al camión que la distribuye a los barrios

Este miércoles, la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado anotició al Municipio que comenzará a cobrar las cargas de agua potable al camión municipal que la distribuye en forma gratuita en los distintos barrios de la ciudad que no tienen acceso a la red pública.

Esta medida perjudica directamente a los barrios San Benito, 22 de Septiembre, Favaloro, Bicentenario, Los Álamos, Los Alerces, Virgen del Valle, Chimen Aike y Zona de Chacras ya que, al pretender cobrarse las cargas al camión aguatero, pone a la ciudadanía en una situación de desamparo.

La secretaria de Desarrollo Comunitario Mónica Gutiérrez consideró esta decisión del gobierno provincial como “completamente ilegal” y adelantó que se iniciarán acciones judiciales en defensa de los vecinos y las vecinas que no tienen agua de red.

Además, la funcionaria recordó que la entrega de agua potable en los barrios es responsabilidad exclusiva de Servicios Públicos, pero históricamente la Municipalidad de Río Gallegos colaboró de forma desinteresada con la Provincia, más allá del color político, para garantizar con camiones y personal municipal que el agua llegue a todas las personas que de otra forma no podrían acceder a un derecho humano esencial.

“Este servicio siempre ha sido de vital importancia para la población de nuestros barrios periféricos, quienes dependen de la provisión de agua gratuita para su supervivencia diaria”, dijo Gutiérrez. Pero “este intento del Gobierno Provincial de cobrar a quienes no gozan de acceso a la red, genera un nuevo obstáculo para el acceso al agua y, en consecuencia, a una calidad de vida digna”, agregó.

En este marco, dijo que “esta decisión no solo es un golpe económico directo a los riogalleguenses, sino también una violación a los principios básicos de equidad y justicia social: los vecinos ahora sufren una carga adicional que puede llevar a familias enteras a la desesperación, afectando la calidad de vida de los sectores más vulnerables”.

Luego la funcionaria resaltó que “el agua es un derecho humano fundamental, no un lujo al que se accede solo si se tiene la capacidad económica para pagarlo” y analizó que “en una provincia que ya enfrenta desafíos sociales y económicos graves, esta decisión solo agudiza las desigualdades y pone en riesgo la salud y el bienestar de miles de ciudadanos”.

Gutiérrez informó que el Municipio iniciará acciones judiciales para defender el interés de la ciudadanía: “exigimos al Gobernador Claudio Vidal una revisión urgente de esta decisión y una solución inmediata que garantice que el acceso al agua, fuente de vida, no sea una carga económica para nuestros vecinos más desprotegidos: La población no puede seguir pagando el precio de una gestión pública que ignora sus necesidades más básicas”, dijo y agregó finalmente que “creemos que es tiempo de que el gobierno provincial asuma su responsabilidad, que dé marcha atrás a esta medida que solo perjudica a los que menos tienen y que, al menos por una vez, gobierne pensando en todos los vecinos de Río Gallegos”.