No queremos más muertas

La lucha por erradicar el flagelo de la violencia de género es diaria, pero hoy tiene su día en particular, en el que se pone mayor énfasis en derribar esta acción que se cobra la vida de miles de mujeres.

En la previa a este 25 de noviembre, la ONU reveló que desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar.

Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis del COVID-19 y se necesita un esfuerzo colectivo general para detenerla. Dado que los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales –como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar– han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso –afirman- redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-19.

En este sentido, sobre todas las personas recae una cuota de responsabilidad.

Apoderarse de las herramientas

Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz adhirió al “Protocolo para la Investigación y Litigio de casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)”, elaborado por la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Esta acción responde a que “una vez más, y teniendo en cuenta las políticas de género adoptadas a lo largo de los años por el Tribunal Superior de Justicia, se entendió que la adhesión a dicho protocolo es una herramienta fundamental que permite a los integrantes del Poder Judicial, particularmente a Jueces/as y Fiscales/as, investigar estos casos con eficacia y perspectiva de género, asegurando la actuación de acuerdo a los estándares internacionales de debida diligencia reforzada aplicable a la criminalidad de género establecida en el art. 7 inc. b de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belém Do Pará)”.

En este marco, la Dra. Sabrina Granero, titular de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Oficina de Género, puso hincapié en que es una decisión política positiva y con el objetivo de hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, tanto en el orden público como privado y de cumplir con el deber de ejercer sus responsabilidades y funciones laborales con perspectiva de género, el Tribunal consideró conveniente y oportuno adherir a este Protocolo, adecuándolo a nuestra realidad provincial, disponiendo su aplicación en todo el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. 

OVD activa

Las Oficinas de Violencia Doméstica de Santa Cruz recibieron 755 denuncias en lo que va de la pandemia. Esta cifra surgió de las estadísticas que elaboran las OVD de Río Gallegos y Caleta Olivia, en función de las tramitaciones que luego tuvieron su curso en los Juzgados de Familia de ambas ciudades. Durante la restricción de la circulación, se mantuvieron las medidas de protección a las víctimas y se establecieron audiencias para garantizar los derechos de éstas y de niñas, niños y adolescentes subafectados.

En el período comprendido desde el 20 de marzo, día en el que se anunció la cuarentena y el 31 de octubre, las OVD y Comisarías de la Mujer y la Familia de las localidades de Río Gallegos y Caleta Olivia, trabajaron conjuntamente en la atención de 755 casos de violencia doméstica. De ese total, 500 denuncias fueron presentadas en la capital de Santa Cruz y las otras 255, en la ciudad del Gorosito.

Los datos surgen de las presentaciones realizadas a los Juzgados de Familia N° 1 y 2 de Río Gallegos y el Juzgado de Familia caletense, en función de las medidas cautelares que se tomaron para mitigar el impacto de las violencias en esos hogares.

Al respecto, Granero indicó “es importante para el Poder Judicial mostrar en esta semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el trabajo que se ha realizado y se continúa realizando, pese a las limitaciones que nos ha impuesto el COVID-19 en las dependencias judiciales que día a día trabajan en la temática”.

Protección

El informe muestra que en ambas ciudades el mayor número de medidas estuvo vinculado a la prohibición de acercamiento a las víctimas (362 en Río Gallegos y 213 en Caleta Olivia), continuando por prohibiciones de ingreso al hogar y exclusiones, al tiempo que más de 30 dispositivos policiales fueron destinados a las víctimas o sus viviendas, así como también para el caso de controlar que las personas denunciadas por agresión se mantengan a la distancia ordenada por el juez o la jueza.

Además, durante estos meses, funcionarias y funcionarios de las Oficinas de Violencia Doméstica tuvieron entrevistas con autoridades de la Policía de Santa Cruz, para coordinar medidas, mientras que también las juezas y jueces dieron intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (48 casos) y a la Oficina Municipal de Infancia en zona norte (41 casos).

Además, “han trabajado también, abordando este tipo de procesos cuando así correspondía, los Juzgados de Instrucción, las Oficinas de Asistencia Letrada a las Víctimas, el Centro de Asistencia a la Víctima, las Defensorías Oficiales, como así también las Fiscalías de las ciudades de mención”, agregó Granero, marcando que “en circunstancias de ASPO y DISPO fue y continúa siendo preciso redoblar los esfuerzos para enfrentar la violencia doméstica” por eso “dimos intervención -cada vez que las situaciones lo requerían- a la Subsecretaría de las Mujeres de la Provincia de Santa Cruz y al área de la Mujer del Municipio de Caleta y en algunos casos a los hospitales”.

Por otra parte, las estadísticas marcan que la fijación de cuotas alimentarias, multas por incumplimientos y la restitución de menores, también se llevaron adelante como acciones prioritarias, todo ello, para asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que son afectados por el contexto de violencia en el que se encuentran inmersos.

Vale recordar que en cumplimiento de la obligación internacional asumida de garantizar a todas las personas una vida libre de violencia, teniendo en cuenta el especial contexto de Distanciamiento y Aislamiento Preventivo Obligatorio durante la pandemia COVID-19 y el impacto que supone para la violencia doméstica, las Cámaras de Apelaciones en lo Civil de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, prorrogaron automáticamente la vigencia de las medidas de protección que habían sido dispuesta antes del 20 de marzo.

En este sentido, Granero precisó que “fuimos de las primeras provincias que prorrogó de oficio las medidas de protección dispuestas en las causas en trámite, lo que se efectivizó con las resoluciones dictadas desde las Cámaras Civiles de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, con el fin de garantizarle a las personas que sufren este flagelo la continuidad de las mismas una vez que se vencieran, evitando de esa manera que tengan que acercarse personalmente a las distintas dependencias policiales y/o judiciales”, finalizó.

Hechos y cifras*

La disponibilidad de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas ha aumentado de manera significativa en los últimos años. En la actualidad existen datos disponibles sobre la incidencia de la violencia de pareja para, al menos, 106 países.

- A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios nacionales muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres, y que las tasas de depresión, abortos e infección por VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia frente a las que no la han sufrido.

- El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia de COVID-19. La restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo.

- Hasta septiembre de 2020, 48 países habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en sus planes de respuesta a la COVID-19, y 121 países habían adoptado medidas para fortalecer los servicios prestados a las mujeres sobrevivientes de violencia durante la crisis global. Sin embargo, es urgente intensificar los esfuerzos.

- Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Se calcula que, de las 87.000 mujeres asesinadas intencionadamente en 2017 en todo el mundo, más de la mitad (50.000) murieron a manos de sus familiares o parejas íntimas. Más de un tercio (30.000) de las mujeres asesinadas intencionadamente en 2017 fallecieron a manos de su pareja íntima o de una pareja anterior.

- Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. En la mayoría de los países para los que existen datos disponibles sobre esta cuestión se constata que, entre las mujeres que buscan ayuda, la mayoría acude a familiares y amistades. Muy pocas recurren a instituciones formales, como la policía o los servicios de salud. Menos del 10% de quienes buscan ayuda acuden a la policía.

- Al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica, y 140 cuentan con legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Sin embargo, en los países en los que existen leyes de este tipo, eso no significa que éstas se ajusten siempre a las normas y recomendaciones internacionales, ni que se apliquen y hagan cumplir.

- Las mujeres adultas representan cerca de la mitad (el 49%) de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Las mujeres y niñas representan conjuntamente un 72%, y las niñas suponen más de tres cuartas partes de las víctimas infantiles de la trata. La trata de mujeres y niñas se realiza, en la mayoría de los casos, con fines de explotación sexual.

- En 2019, una de cada cinco mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18. Durante la década pasada, la tasa global de matrimonio infantil descendió; la mayor disminución en dicho período se registró en Asia Meridional. Hoy en día, África Subsahariana es la región en la que el riesgo de matrimonio infantil es más elevado: allí, más de una de cada tres mujeres de 20 a 24 años se casó antes de cumplir los 18. El matrimonio infantil suele traducirse en embarazos precoces y aislamiento social, interrumpe la escolarización y eleva el riesgo de que las niñas experimenten violencia doméstica.

- Al menos 200 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en los 31 países en los que se concentra esta práctica. La mitad de estos países se encuentran en África Occidental. Todavía hay países en los que la mutilación genital femenina es prácticamente universal: la han sufrido al menos 9 de cada 10 niñas y mujeres de 15 a 49 años.

- Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su esposo, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan sólo un 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional.

- La violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. A escala mundial, un tercio del cuerpo estudiantil de 11 a 15 años sufrió acoso escolar por parte de sus compañeras y compañeros en al menos una ocasión durante el mes pasado; niñas y niños tienen idéntica probabilidad de experimentar acoso. Si bien los niños tienen mayor probabilidad que las niñas de sufrir acoso físico, estas últimas tienen mayor riesgo de sufrir acoso psicológico y denuncian que se ríen de ellas con más frecuencia que de los niños por su rostro o su aspecto físico.

- En la Unión Europea, una de cada diez mujeres denuncia haber experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Esto incluye la recepción de correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, ofensivos y sexualmente explícitos, así como contactos ofensivos o inapropiados en redes sociales. El riesgo más elevado se registra entre las jóvenes de 18 a 29 años.

- En Oriente Medio y Norte de África, entre el 40% y el 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual en las calles. En un estudio multipaís, las mujeres afirmaron que el acoso consistía principalmente en comentarios de carácter sexual y en personas que las acechaban, las seguían, las observaban o las miraban lascivamente. Entre un 31% y un 64% de los hombres reconocieron haber llevado a cabo actos de este tipo. Los hombres jóvenes, con mayor nivel educativo y aquellos que experimentaron violencia en la niñez tenían mayor probabilidad de cometer acoso sexual en las calles.

- En cinco regiones, el 82% de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo de violencia sexual durante su mandato. Esta incluía comentarios, gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, amenazas y acoso laboral. Las mujeres citaban que el canal más habitual por el que sufrían este tipo de violencia eran los medios sociales, y cerca de la mitad (el 44%) denunciaron haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro dirigidas contra ellas o sus familias. El 65% había sido objeto de comentarios sexistas, principalmente por parte de parlamentarios.

* Base de datos mundial de ONU Mujeres

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A escala mundial, incluso antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, una de cada tres mujeres sufría violencia física o sexual, en su mayoría, por parte de su pareja.

Desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que en muchos países se han incrementado las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar.

El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen acaeciendo en la vía pública, en los espacios públicos y en Internet.

Las sobrevivientes no disponen de la información necesaria y desconocen los medios a los que pueden acudir para recibir servicios de apoyo.

En algunos países, los esfuerzos y los recursos que se empleaban para dar respuesta a la violencia contra las mujeres se han destinado a brindar alivio inmediato a los efectos de la COVID-19.