Periferia, federalismo y tecnodiversidad

Esta semana la gobernadora Alicia Kirchner firmó convenios con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONICET y la Agencia I+D+i por más de 1.000 millones de pesos. Estos recursos consolidan la iniciativa provincial de priorizar el uso intensivo del conocimiento y la vocación por federalizar que sostiene el ministro Daniel Filmus.

Momento fundacional.

Estos recursos fortalecen la Ley N° 3.737/2021 de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Cruz y constituyen, respecto del avance de las instituciones científicas y académicas de educación superior, un momento fundacional de la provincia, solo comparable a la creación de la UTN-FRSC en la década del 1980 y la UNPA en la década de 1990.

La ley provincial estructura un sistema provincial científico, tecnológico y de innovación garantizando consensos en la toma de decisiones y crea un Instituto Autárquico para lograr una gran operatividad programática, entre ellos el diseño y puesta en marcha del Polo científico y Tecnológico en Río Gallegos para abordar los grandes desafíos del desarrollo provincial y la recuperación y puesta en marcha del proyecto de hidrógeno de Pico Truncado.

La cooperación de CONICET y de la AGENCIA I+D+i definidas por sus autoridades, Ana Franchi y Fernando Peirano, con el gobierno provincial permite abordar de forma simultánea y coordinada con la política del MINCyT  tres aspectos centrales: dotar la provincia de infraestructura y equipamiento de forma rápida, establecer una política de formación y radicación de personas de alto nivel científico y avanzar en el financiamiento de la innovación en las empresas pymes y cooperativas.

Asimetrías estructurales y desafíos Público-privado

En 2019, se ejecutaron en Santa Cruz 469 millones de pesos en I+D. La inversión para la provincia explicó apenas el 0,5% de la inversión nacional y el 6% de la región Patagónica. Más de la mitad de la inversión en I+D la ejecutaron las universidades públicas –UPUB– (61%). Los organismos de ciencia y tecnología (OCT) ejecutaron el 29% y el sector empresas, apenas el 9%. La inversión promedio por habitante fue de $ 1.314 pesos, por debajo del promedio nacional ($ 2.218 pesos) y del de la región Patagonia ($2.640 pesos).

Santa Cruz contó con 279 personas expresadas en Equivalentes Jornadas completas (EJC) dedicadas a I+D. Este valor en 2019 representó un 26% menos respecto del año anterior, debido al ajuste en el sector generado por el gobierno de Mauricio Macri. El total de personas en EJC para la provincia explicó solo el 0,3% del total país y el 4,8% de la región patagónica.

Los recursos humanos dedicados a I+D fueron principalmente del sector público (98%), mientras que las entidades sin fines de lucro (ESFL) emplearon al 2% restante. Un dato central, de fuerte impacto negativo en el desarrollo sostenible provincial es que los recursos humanos de las empresas se encuentran realizando sus actividades en sedes de otras provincias y en el exterior.

El panel de 2000 empresas sobre el que se realiza la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID) que tiene por objetivo relevar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) que realizan las empresas radicadas en el país, así como también los recursos humanos afectados a dichas actividades, indica que los sectores mineros, gas y petróleo están entre los que menos inversiones en I+D realizan en la economía nacional.

Estas solo explican un 2,02% sobre el total de inversión del sector privado del país, destinan apenas el 0,2% del total de sus ventas a I+D en el país (no hay registros en Santa Cruz) y apenas si inciden en el 3,20% del empleo en I+D sobre el total del empleo nacional (no hay registros en Santa Cruz).

Como ha señalado en algunos trabajos el analista Enrique Zuleta Puceiro ¨es necesario crear un Patronato orientado por estrategias de I+D+i de carácter privado para cooperar y generar sinergias con las inversiones del sector público para aportar de forma decidida al desarrollo sostenible basado en innovación, una institución de este tipo no solo opera como fondo sino que sobre todo opera como instancia de relación con otros patronatos similares a nivel  internacional para que el cada aporte específico incluya aval, garantía y una función de “brokerage” en las alianzas público privadas¨.

Cadenas de valor y diversidad tecnológica.

Se habla mucho de ¨agregado de valor¨ pero se habla mucho menos de ¨valor distribuido en el territorio¨ al referirse a las cadenas globales de valor, en particular cuando se trata de las basadas en recursos naturales. En la sociedad del conocimiento el valor distribuido en el territorio no puede prescindir de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el propio proceso de trabajo en yacimientos y servicios asociados, y tampoco obviar la diversidad de los ecosistemas en los cuales se produce la actividad.

La generación de tecnologías en las casas matrices, lejos de la especificidad de los territorios, ha generado además el predominio de enfoques que consideran la tecnología como un antropológico universal que solo se debe difundir, de norte a sur y desde las casas matrices a los lugares de producción, que obviamente no siempre toman en cuenta esta diversidad incluyendo la de las culturas locales.

Los ¨emplazamientos tecnológicos¨ que se generan por estas lógicas universales en general tienden a agregar valor solo hacia el vértice de las cadenas reforzando las asimetrías territoriales.

Estas dinámicas del mercado tecnológico enfrentan nuevas demandadas nacionales por enfoques basados en una tecnodiversidad pertinente a los ecosistemas y sus culturas locales, y con ellos nuevos desplazamientos tecnológicos y reemplazos tecnológicos que aporten al avance de la ciencia y también sean pertinentes al desarrollo económico sostenible en la región e incluso sustituyan importaciones contribuyendo a la economía nacional.