Política de Derechos Humanos

Sigue avanzando la investigación en causa por los Obreros Fusilados de 1920-1921

Continúa el trabajo que busca declarar como delito de lesa humanidad los fusilamientos ocurridos durante las Huelgas Patagónicas de 1920-1921 y busca esclarecer en un juicio por la verdad. Funcionarios y colaboradores se reunieron en Buenso Aires.

28/07/2023 • 21:23

La huelga rural acontecida a inicios del siglo pasado se ha convertido en bandera durante los últimos años, con solo por la resignificación que han tenido los hechos contados, sino que también por la búsqueda de la verdad, la cual hoy tienen como querellante al gobierno provincial para declararlos delito de lesa humanidad.

En 2021, el Gobierno de Alicia Kirchner se presentó como querellante, en el año 2022 lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Pese a que pasaron más de 100 años, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron miles de peones rurales que reclamaban por sus derechos permanecen impunes. Como todos los posibles imputados por esos graves crímenes ya fallecieron, la Secretaría solicitó que se realice un juicio por la verdad, como ocurrió recientemente con los hechos de la “Masacre de Napalpí” en Chaco de 1924.

“La obligación del Estado no se agota en la respuesta punitiva, pues se debe garantizar el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda a conocer la verdad de lo sucedido”, sostuvo la Secretaría de derecho de la Nacion en el escrito presentado por entonces.

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Los hechos de la “Patagonia rebelde” o “Patagonia trágica” se refieren a la persecución y represión entre 1921 y 1922 contra trabajadores rurales que realizaban protestas en el entonces Territorio Nacional de Santa Cruz. Luego de varias huelgas en reclamo de aumentos salariales y mínimas condiciones laborales, a fines de 1921 el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, envió una formación del Ejército y Gendarmería para poner fin al conflicto.

Muchos de éstos, que se entregaron al Ejército desarmados, fueron fusilados en las estancias donde trabajaban, como “Anita” y “Bella Vista”, donde se cavaron fosas comunes para enterrarlos. Se produjeron cientos de detenciones, tratos brutales y torturas y se calcula que hasta 1500 huelguistas fueron asesinados. La Secretaría de Derechos Humanos consideró que los delitos cometidos por el Estado nacional al fusilar colectivamente a un grupo de civiles desarmados, por orden de una autoridad y desde el aparato del Estado, son crímenes de lesa humanidad y deben ser juzgados en el ámbito penal.

En este contexto, en los últimos días se reunieron la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), funcionarios de nuestra provincia de Santa Cruz, e incluso también los nietos de huelguistas de la Patagonia Rebelde, en representación de los familiares que desde tiempo piden justicia por la masacre sucedida en manos del ejército argentino durante aquellos años y aún continúa impune.