Bassano sobre la suba de gas: “Es un aumento salvaje”

La empresa estatal ENARGAS anunció, a través de un comunicado publicado en el Boletín Oficial, la suba de la suma del cargo fijo sobre el cargo variable del servicio de gas lo cual, indefectiblemente, tendrá una fuerte incidencia en la zona patagónica. En este sentido el titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, Osvaldo Bassano, dialogó con el programa de radio La Bisagra de Tiempo FM 97.5 y se refirió al aumento que podría llegar a alcanzar, en algunos casos, el 1.000%: “Es un aumento que va desde el 300% al 1.000% dependiendo de las categorías o los diferentes consumos que puedan tener y está directamente relacionado a la generación, porque esto no corresponde a transporte o distribución. El incremento se va a dar no sólo en el cargo variable -que es donde surge el consumo que tiene cada uno- sino en el cargo fijo, porque lo que se ha modificado hoy es el incremento del cargo fijo que es el cargo que se paga por tener la conexión del servicio”, detalló Bassano. 

“El cargo fijo va de un mínimo de $3.000 a $54.000 y luego se debe agregar el consumo que, como todos saben, está dividido en tres categorías. El problema es que en la primera categoría -donde se quita el subsidio de forma definitiva- van a ser los más afectados. Este no es sólo el aumento que va a haber: por otro lado, se dará un aumento en los próximos meses de un 17% el transporte y entre un 20% y 30% en distribución. Es un aumento salvaje, porque termina siendo una estafa”, agregó.

Por último, Bassano señaló que este tipo de acciones y aquellas que benefician a las grandes corporaciones son “una violación a la Constitución”: “Hay un problema conceptual en lo que está ocurriendo en todo el mundo, que es que las grandes corporaciones han tomado partido de adueñarse de los estados, es decir, las grandes corporaciones toman decisiones por las cuales los estados terminan siendo empleados de las corporaciones porque éstas no quieren tener control, quieren tener lo que se llama “alegalidad”. Este “anarcoestado” que hace que los conceptos que se tengan al respecto de cómo se atiende a un pueblo sea bajo la conveniencia de estas corporaciones”.

“El presidente de la República está obligado a la protección económica de los consumidores, está obligado a garantizar a todos los habitantes los servicios públicos: luz, gas, agua, comunicaciones. Tiene que hacerlo de alguna manera al igual que la salud y seguridad, no tiene que salir a pegarle por la cabeza a las personas que se manifiestan como lo garantiza la Constitución”, cerró.