Apuntes ciudadanos

Cartas Orgánicas: viviendas dignas

“Los vecinos del Departamento de Caucete, gozan de los siguientes derechos conforme a las O rdenanza s (2) (3) que reglamentan su ejercicio, a saber: 1) A la salud integral, que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda , trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente . (…) 3) A vivir en un ambiente sano, que conserve intactos los sistemas básicos naturales de sustentación de la vida, suelo, aire y agua. 4) A una vivienda digna y a un hábitat adecuado. (…) 7) A la igualdad de oportunidades y de trato. 8) A acceder equitativamente a los servicios públicos , participar en su control y gestión ”. (4) Carta Orgánica de Caucete (2007)

19/10/2021 • 07:00

Entre los derechos ciudadanos que puede instituir una Carta Orgánica Municipal se encuentran el derecho a una vivienda digna y un ambiente sano.

Detener audio Escuchar

Por Alejandro Rojo Vivot (1)

RECAPITULANDO

Rápidamente, si observamos la historia de la humanidad, entre otras muchas cuestiones, notaremos que sus propios parámetros fueron fijados casi siempre por los que más tenían y menos necesitaban, aunque en algunos aspectos han ido variando a lo largo del tiempo, casi siempre ampliándose las brechas.

Muy probablemente, al principio existió una generalizada igualdad entre todos los seres humanos, aunque pronto comenzaron a diferenciarse social, política y económicamente.

Mucho más adelante, los auto designados nobles primaban sobre el resto y los abismos fácticos se acrecentaban continuamente. Las diferencias eran notorias y la libertad estaba muy restringida para los grupos más vulnerables como lo era pensar distinto a lo prevaleciente culturalmente.

Luego, el concepto de crecimiento infinito fue adquiriendo relevancia y hasta se mencionaba que la mayoría de la población empobrecida, a la corta o a la larga, se beneficiaría con el derrame de las copas de unos pocos.

Ya a principios del Siglo XX se visualizó la necesidad del desarrollo y unas décadas después fue el desarrollo sustentable que incluye a todos participando activamente; el resguardo del ambiente es principal en esta concepción.

En este orden de ideas es necesario sumar el concepto de dignidad en el marco de los derechos humanos universales ejercidos plenamente sin distingo alguno.

CIUDADES CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMAS

Las cartas orgánicas deben encausarse en forma operativa y fehacientemente, reflejándose expresamente en los presupuestos financieros y en las respectivas rendiciones de cuentas anuales.

Los planes de gobierno anuales han de incluir los indicadores para la verificación de su cumplimiento: cronogramas, detalle de las inversiones, metas fiscales, crónicos endeudamientos por parte del Estado e incumplimiento en el pago de las deudas, etcétera.

Al respecto, es clave la participación ciudadana ejerciendo responsablemente los diferentes institutos atinentes como, por ejemplo: Presupuesto Participativo, Banca del Vecino, Defensor del Vecino, comisiones en los concejos deliberantes, Acceso a la Información, Iniciativa Popular, Referéndum Popular, Revocatoria de Mandato, Voto, Iniciativa Legislativa, etcétera.

LA VIDA DIGNA

Lo aquí planteado está decididamente encuadrado en la democracia, en lo que son las competencias inexcusables de los poderes públicos y en el sistema universal de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta que el crónico déficit habitacional y sus implicancias directas y aberrantes en numerosos habitantes es una situación que:

Denigra la condición humana
Es un gravísimo problema que, entre otras, menoscaba las posibilidades de desarrollo individual, familiar y comunitario
Es una cuestión compleja en donde intervienen múltiples variables interdependientes con notoria interrelación con los contextos: inflación, corrupción, especulación inmobiliaria, sobreprecios, insatisfacción de las demandas por parte del sector inversor enfocadas, principalmente, a satisfacer a los sectores con mayor capacidad económica, discontinuidad de los programas habitacionales y los relacionados con el hábitat, aumento de la esperanza de vida, decreciente edad con respecto a la formación de parejas, inclusive de quienes carecen de recursos suficientes en tal sentido, altas tasas de desempleo y, además, de cientos de miles de cuentapropistas informales, labores temporarias discontinuas, trabajo en el ámbito público en forma precaria, etcétera, que no están en condiciones económicas individuales para acceder al sistema financiero inmobiliario ni bancario, acrecentamiento de jubilados y pensionados pero, muchos de los mismos, con relativas bajas e insuficientes asignaciones como también desactualización arbitraria de los montos resultantes de los aportes oportunamente realizados, alta incidencia del empleo público con respecto al sector de servicios, comercial e industrial, escasa utilización de herramientas participativas, promoción de la transparencia proactiva, en cuanto a las graves condiciones del hábitat como las notorias carencias o deficiencias de los sistemas cloacales, pluviales, iluminación pública, distribución de agua potabilizada y gas domiciliario, hacinamiento, inseguridad urbana, insuficiente iluminación pública, frecuentes inundaciones, calles sin cordón cuneta y asfalto, endeble generalización legal de las propiedades habitacionales familiares, incapacidad hipotecaria o prendaria, etcétera
La solución, en la mayoría de los casos, son procesos de mediano y largo plazo con respecto a las acuciantes demandas insatisfechas
Dispares políticas públicas jurisdiccionales y distribución de los recursos aportados por los contribuyentes con foco principal en el proselitismo partidario
Relativa baja y discontinua promoción activa de cooperativas de viviendas, otras estrategias de ayuda mutua, autoconstrucción, etcétera
Insuficientes soluciones habitacionales que contribuyan a que los precios de las ofertas atinentes desciendan a valores relativamente más accesibles en cuanto a los alquileres y adquisiciones
Morosidad de ciertos beneficiarios en la devolución de las cuotas pactadas en los programas de viviendas financiadas con el esfuerzo de los contribuyentes
Constante disminución en la relación entre los aportantes y los que reciben beneficios económicos y sociales sin haber contribuido al sistema universal de reparto, en vez de satisfacer las necesidades mediante otras fuentes financieras
Montos de muchos alquileres y gastos que impactan negativamente en la amplia incapacidad de ahorro de una parte relativamente alta de la población sin vivienda propia
Significativas tasas de inflación a lo largo de prolongados períodos coadyuvando a la falta de previsibilidad en cuanto a los compromisos de endeudamiento personal y de las inversiones inmobiliarias
Costes de transacción elevados que complican y encarecen notoriamente las gestiones de la población para acceder a soluciones habitacionales
Carencias graves en la generalización de servicios públicos de infraestructura básica y transporte que impactan directamente en la calidad de vida de una parte significativa de la población más necesitada.