Claves de la reforma electoral que el Gobierno enviará al Congreso

El Gobierno Nacional anunció este viernes que enviará al Congreso el proyecto de ley de reforma electoral, con objetivos como ahorrar fondos del erario público al “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, y mejorar la representatividad de los partidos políticos.

En concreto, el proyecto del Ejecutivo implica la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y cambios en el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.

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El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que, desde la creación de las PASO, esa instancia electoral "ha funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos".

"Solo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos; a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces", argumentó el funcionario.

Asimismo, remarcó que desde su introducción en 2011 únicamente "hubo solo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales".

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Sobre la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el oficialismo la justificó en el objetivo de "mejorar la representatividad" electoral y evitar la proliferación de "sellos de goma" cuyo objetivo es "recaudatorio", subrayó Adorni.

De esta manera, de avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con "0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas". En el caso de los partidos nacionales, "se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones", se precisó.

A su vez, se presentará "una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa".

En cuanto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas, elevando ese tope de los $40 millones actuales a $300 millones por persona jurídica. Según expresó Adorni, con esta iniciativa se busca “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.

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De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, las medidas a implementar, en caso de que prospere la norma en el parlamento, serían "el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas", por lo que "quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales".

Finalmente, en caso de aprobarse el proyecto se indicó que se reduciría la prohibición de hacer encuestas de "8 días a 3 días anteriores a cada elección", y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral. (Minuto Uno)