Como consecuencia de la pandemia se evidencia aún más las diferencias de género

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) está poniendo a prueba las fragilidades existentes en el tejido social, y en el caso de América, una región ya asolada por una pandemia paralela de violencia contra las mujeres y las niñas, la enfermedad amenaza con borrar los avances logrados en las últimas décadas en términos de igualdad de género.

En varios países latinoamericanos se está registrando un aumento significativo —en algunos casos del doble— en las denuncias de violencia doméstica y en los homicidios de mujeres y niñas desde que se impusieron las cuarentenas para contener el virus, según diversas fuentes.

El aislamiento en casa no es seguro para todos. Muchas mujeres se encuentran en la disyuntiva de tener que elegir entre exponerse al virus o a un aumento de la violencia en el hogar. En algunos países con datos disponibles, la violencia doméstica se duplicó o hasta triplicó.

Algunos ejemplos de la región subrayan la seriedad del asunto:

.En Colombia, las llamadas a la línea de atención a víctimas de violencia doméstica aumentaron en un 91% desde que se impuso la cuarentena.

.En México, se incrementaron en un 36%.

.En Argentina, donde siete de cada 10 homicidios de mujeres y niñas tienen lugar en el hogar, las llamadas de emergencia por violencia doméstica aumentaron en un 25%.

Y en Bolivia, la ciudad de Santa Cruz informó el mayor número de casos de violencia doméstica y COVID-19. Junto a Paraguay, Bolivia también muestra la mayor tasa de homicidios de mujeres y niñas en Sudamérica.

El caso paradigmático es la desigualdad de género. Los datos preliminares muestran que la tasa de mortalidad por COVID-19 es mayor entre los varones que entre las mujeres, hipotéticamente como consecuencia de diferencias de género en los sistemas inmunológicos o debido a patrones diferenciales de consumo de tabaco. Sin embargo, las implicancias sociales, tanto de la pandemia como de las respuestas de política, ponen claramente en desventaja a las mujeres. Esto es así por varios motivos.

En primer lugar, los sectores laborales que están haciendo frente a los casos están altamente feminizados. Profesionales de la medicina, personal de limpieza y perfiles de investigación biológica muestran una sobrerrepresentación de mujeres, que están expuestas al contagio, trabajan jornadas extendidas y extenuantes, no siempre con todos los insumos críticos a disposición.

En segundo lugar, la posibilidad de cumplir con el aislamiento social es muy remota para quienes están inmersos en el sector informal de la economía. En Argentina, apenas el 50% de los y las trabajadores tienen acceso a licencias remuneradas por maternidad o paternidad, y están excluidos los trabajadores informales e independientes y autónomos. Para estos trabajadores el aislamiento social implica pérdida de ingresos sustanciales. La informalidad incide más sobre las mujeres, por lo que ellas están más expuestas a estos déficits de protección social. El caso más ilustrativo es el del empleo doméstico. De los casi 900.000 trabajadores de casas particulares, el 98% son mujeres y el 75% son informales.

Las empresas que tienen la opción de facilitar el teletrabajo a su personal, deben promocionar la flexibilidad que permita a todo su personal de manera igualitaria conciliar las responsabilidades del hogar y del cuidado con las actividades laborales, desde el reconocimiento a la mayor carga de trabajo en las familias que están asumiendo principalmente las mujeres.

En tercer lugar, la suspensión de las clases y la reducción de la circulación impacta directamente sobre la carga de cuidado que enfrentan las familias. Hacia adentro de los hogares, este trabajo adicional recae de forma casi exclusiva sobre las mujeres, como consecuencia de un pacto implícito de género que vulnera su autonomía económica.

La mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres y la actual situación puede profundizar su cuadro de vulnerabilidad. En todos los países de la región durante las últimas dos décadas, se ha incrementado el número de familias monoparentales (hogares, aun encabezados por mujeres como madres solteras). Frente al COVID-19, estos hogares enfrentan una particular vulnerabilidad, ya que las mujeres tienen que seguir manejando el trabajo productivo, si todavía lo tienen, y reproductivo (cuidado infantil y de otras personas dependientes, trabajo doméstico, y enseñanza de niños y niñas) en las circunstancias sumamente limitantes de confinamiento o cuarentena.

El, aún, desigual acceso a la tecnología. A nivel mundial, hay 200 millones más de hombres que mujeres con acceso a Internet, y las mujeres tienen 21% menos probabilidad de tener un teléfono móvil, un recurso clave en países en desarrollo donde los teléfonos brindan acceso a seguridad, redes de contención/organización, sistemas de alerta temprana, atención de salud móvil y transferencias de dinero. En el contexto del COVID-19, esta brecha digital de género tiene implicaciones cruciales para el acceso de las mujeres a información y servicios de salud, noticias públicas sobre medidas de aislamiento y cuarentena.

Finalmente, hay que tener en cuenta las consecuencias no intencionales del aislamiento social, atendiendo a lo que aprendimos durante epidemias anteriores. Existe evidencia de que el estallido del ébola en África aumentó la incidencia de los embarazos en adolescentes y también la probabilidad de la interrupción de trayectorias educativas en las mujeres. Las restricciones a servicios de salud sexual y reproductiva y la naturalización de las mujeres como cuidadoras pueden tener impactos sobre la inserción social incluso cuando la propagación del COVID-19 merme.