Desalojo, asistencia y diversas realidades en un predio usurpado desde hace 18 meses

El Juez de Instrucción Penal de San Julián, Ludovico Pío Pala dispuso como fecha límite, el 26 de octubre para que decenas de personas que ocupan las viviendas (sin finalizar) del Plan Federal Techo Digno, se retiren de manera voluntaria. De no ser así, efectivos de gendarmería  procederán al desalojo de estas casas, de las cuales 44 fueron parcialmente construidas de un total de 60.

Las viviendas fueron usurpadas en marzo de 2021 por familias con diversas realidades socioeconómicas.

TiempoSur visitó el sector en febrero, que se autodenominó "Barrio Popular Patagonia", y en ese momento eran 15 las familias que lo habitaban. Ahora, estiman desde el municipio -que efectúa un relevamiento social y asistencial con intervención de la Dirección de la Mujer y la Oficina de Protección- serían 30.

En el lugar persiste la rotación de usurpaciones. "La rotación es constante y ahora estamos realizando un nuevo relevamiento y hay más gente y no porque haya más casas ocupadas, sino que se sumaron por esta orden de desalojo. El barrio está tomado en su totalidad", indicó Andrés Azuri, secretario de gobierno del municipio de San Julián.

El funcionario advirtió que "la justicia se tomó 18 meses" para actuar aunque la comuna presentó la denuncia penal a los pocos días de que comenzaron las usurpaciones.

Otro dato relevante es que algunas viviendas fueron finalizadas por los propios ocupantes, pero aún así serán desalojados. Al respecto el secretario añadió: "Ellos creen que no los desalojarán pero así lo dispuso la justicia".

Azuri responsabilizó al Partido Obrero, el cual "fogonea" y avala las ocupaciones ilegales. "Ellos lo dicen abiertamente y viajaron a Río Gallegos para entrevistarse con el Ministerio de la Igualdad (e Integración). Pero el Partido Obrero instiga la toma como si no estuvieran cometiendo un delito y politiza la situación", advirtió el funcionario.

Recalcó que hay diversas realidades, desde familias sin trabajo hasta "gente que trabaja en la minería y la pesca y gana 250 mil pesos mensuales"; y añadió: "Hay particularidades y es muy amplio el abanico, lo entendemos y por eso los entrevistamos por separado y en privado, pero no en el barrio".

RIESGOS

En el día del desalojo (ellos) estarán presentes para "garantizar que no les pase nada a los menores, y dentro de nuestras posibilidades, no les pase nada a los adultos". Igualmente notificaron al Ministerio de Desarrollo Social y de Seguridad para que también estén presentes ese día.

"El reclamo por vivienda es justo y uno lo entiende. No hay terrenos en la localidad y los alquileres son muy caros. Es entendible", remarcó.

De igual modo expresó que asistirán a las familias luego del desalojo y por eso es muy importante el relevamiento que finalizarán el próximo martes, ya que les permitirá conocer en detalle a cada uno de los grupos familiares.

 "A estas familias hay que darle contención. No nos lavamos las manos, y daremos algún tipo de respuesta dentro de nuestras posibilidades. No lo hicimos antes porque cometían un delito, y la justicia nos dio la razón, pero seguiremos trabajando con cada una de las familias", aclaró.

Por otro lado manifestó que la justicia deberá ser quien garantice que el predio no vuelva ser ocupado.