Despedidos de Pico Truncado: Los bolsones y la denuncia ante DDHH

El miércoles la jueza Gabriela Zapata, que tiene a cargo el expediente sobre el amparo presentado por los despedidos de Pico Truncado, le solicitó a la abogada que patrocina a los cesanteados, que sus presentaciones estén “ratificadas” por todos los amparistas, es decir, las firmas de los 208 despedidos.

“Le dije que era de imposible cumplimiento de acuerdo a los tiempos de aislamiento preventivo, social y obligatorio, más la restricción de circulación” es imposible.

Ante esto la magistrada la autorizó a la letrada a actuar como gestora, lo que implica que luego del proceso, los amparistas ratifiquen lo actuado por la letrada.

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La Jueza debe resolver dos nuevos decretos que el intendente Osvaldo Maimo incorporó al expediente, en donde ratifica los despidos, aunque esto fue luego de que el Concejo Deliberante rechazó los otros dos decretos que revocaban el pase a planta de los extrabajadores.

“Es una suerte de que su voluntad sea la última palabra y vuelve a emitir dos decretos nuevos con idénticos argumentos. No aportaba nada nuevo a la causa sino acomodar su defensa”, destacó la abogada.

 La “disuasión”

Con respecto al accionar policial en el acatamiento o desalojo de la Comuna, que fue denunciado como represión, pero que el oficialismo sostuvo que fue “disuasión”, destacó que hubo presentaciones de sindicatos, diputados y denuncia ante la Secretaría de DDHH.

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“Hubo mucha solidaridad de distintas entidades gremiales y varios fueron los actores que denunciaron a Derechos Humanos provincial como nacional”, marcó.  Cuestionó la falta de solidaridad de organizaciones de la violencia contra la mujer. “La sororidad no discrimina”, advirtió, añadió: “ATE tiene Secretaría de la Mujer y me sorprendió que no hubo ninguna manifestación”.

En la denuncia ante DDHH, se expuso que antes del amparo “se denunció la medida de fuerza ante Ministerio de Trabajo de Pico Truncado. Y desde diciembre hasta el día anterior de la represión instamos a que convoquen a audiencia a las partes para sortear el conflicto social, ya que es su competencia, si la autoridad local hubiese oído la presentación, los hechos podrían haberse evitado”.

La única convocatoria que tuvieron - resaltó- fue en febrero cuando el Intendente “se negó a presentarse”. “Lo convocó la autoridad con competencia con medidas de seguridad porque dijo que temía por su integridad y desobedeció a Trabajo, al Concejo y espero que no suceda lo mismo con la sentencia”.

También la Dra. negó que actualmente se esté asistiendo con bolsones de alimento a todos los despedidos, lo que fue adelantado a TiempoSur por el diputado por el Pueblo, Miguel Farías.

“No es verdad, no lo están asistiendo. El día siguiente a la represión los representantes provinciales rechazaron mantener una reunión con los despedidos y yo me ofrecí como intermediaria”, contó.

Pero contrariamente sí hubo un encuentro con los desocupados que reclamaron en la ruta justamente el mismo día de la “disuasión”. “Ellos sí tuvieron la posibilidad de reunirse con un representante provincial, acordar puestos de trabajo y ayudas alimentarias”, señaló.

En detalle, dijo que la asistencia de alimentos, el sábado personal de Desarrollo Social “solo se comunicó con algunos de ellos”, con kits de alimentos “cuestionables”. Estos bolsones llegaron “a no más de 20” personas, compuestos por productos como “fideos, tomates, yerba, azúcar y un trapo de piso. Esa fue toda la ayuda dispensaba del Gobierno”.

Acatar

Según destacó el mismo diputado Farías, la posición del intendente Maimo en este conflicto será la de aguardar el fallo de la jueza Zapata, el cual acatará. “Esperé que el señor Intendente hubiese restituido el puesto desde el momento en el que su propio cuerpo deliberativo resolvió rechazar por unanimidad los decretos que disponían la desvinculación de los agentes”, opinó y sostuvo que “no es digno de alabar decir que va a respetar (el fallo), debería ser una obviedad, porque digno es haber consideraoa el hambre de los trabajadores”.