El 85 % de los hogares que cobran planes continúan siendo pobres

Un estudio correspondiente al Observatorio de Deuda Social de la Argentina de la UCA estimó que el golpe inflacionario de diciembre y enero llevó a que la pobreza en el país alcance ya el 57,4% de la población, unos 27 millones de personas, de las cuales 7 millones son indigentes; esto quiere decir que sus ingresos no alcanzan a cubrir no solo la Canasta Básica Total (CBT), que define el umbral de pobreza, sino tampoco la Canasta Básica Alimentaria (CBA), nivel de ingresos por debajo del cual se cae en la indigencia.

El mismo, indica que la devaluación de diciembre produjo un marcado aumento de los precios generales y aunque el gobierno incrementó los valores de las transferencias de las políticas sociales “independientemente de estos esfuerzos del Estado y del incremento observado en las fuentes secundarias de las jubilaciones, pensiones y de los ingresos laborales, se incrementó en forma significativa el porcentaje de población en situación de indigencia y pobreza”.

El fuerte aumento de la CBT, ante ingresos casi estancados, llevó a estimar que la población en situación de pobreza pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024. “El mayor incremento lo experimentaron los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales”, señala el informe.

Con relación a los niveles de indigencia, la evolución (o involución) fue que el porcentaje de la población argentina en esa condición “pasó del 9,6% observado en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024″. El informe a su vez reconoce que, en enero, el aumento de las transferencias en políticas sociales dispuesto por el gobierno “amortiguó, sobre todo en los beneficiarios de los programas, el incremento de la indigencia estimada en diciembre”.

Un aspecto que llama más aun la atención de la profundidad del calado de la crisis económico-social es que a pesar del constante aumento del porcentaje de población que a lo largo de los últimos 20 años recibió distintos planes de ayuda social y de alimentación es que, precisa el informe, los residentes en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024″. Esto es, menos del 15% de quienes reciben ayudas sociales puede salir, gracias a esas ayudas, de la pobreza.

Al mismo tiempo, en el mismo grupo de hogares destinatarios de políticas sociales el nivel de indigencia, que en el tercer trimestre de 2023 era del 19,7% de las personas, en diciembre de 2023 aumentó a 28,8% y en enero decreció al 23,8% “como consecuencia de las políticas compensatorias”.

Si bien el foco del estudio es el impacto sobre la situación social del golpe inflacionario de los últimos meses, esos hallazgos no dejan de ser impresionantes y cuestionar la eficacia de las políticas de ayuda de los últimos 20 años. El propio informe precisa que la proporción de hogares perceptores de programas sociales se incrementó constantemente entre 2006 y 2023 “dando cuenta del relevante y creciente papel del Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población.”

De la pre a la post-pandemia

Al respecto, el Observatorio de la UCA lista que en el contexto de la pandemia de Covid-19 2 “se implementaron mecanismos compensatorios novedosos, como ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar y refuerzos en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios” y que en ese marco, “aumentó significativamente la proporción de hogares perceptores de programas sociales, tanto en las categorías más desfavorecidas como entre aquellas unidades domésticas mejor posicionadas al interior de la estructura social”.

De hecho, el estudio observa también que en 2023 la cobertura de los programas sociales es relativamente igual o, según las categorías, incluso superior al nivel de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria directa existente en la prepandemia”.

Y resalta no sólo la intensificación de la cobertura de programas sociales, sino también el incremento de la brecha entre categorías. “Los hogares de estrato muy bajo, con déficits en los niveles educativos y con presencia de niños/as son aquellos que evidencian mayor proporción de cobertura por programas sociales y esto se acentúa punta a punta del período. En 2023, el 35,9% del total de hogares fueron destinatarios de programas sociales. Este porcentaje se incrementa al 61,9% si solo se considera a los hogares de nivel socio-económico muy bajo (25% inferior) y al 58% de los hogares en los que residen niños/as”, precisa.

Baja eficacia

El impacto de las transferencias disminuye los niveles de pobreza e indigencia, pero no en la medida esperable. El efecto mejorador de la situación (esto es, de disminución de la pobreza) mejoró algo durante la pandemia, en que las ayudas fueron más masivas, pero en 2023 “las transferencias de las políticas sociales generaron una disminución de la pobreza a nivel de las personas de solo 4,4 puntos porcentuales, precisa el estudio. Sobre la indigencia, en que un mismo monto de ayuda tiene un impacto mayor, el efecto “inmediato” de las transferencias de ingreso (incluyendo pensiones no contributivas) se calculó de entre 5 y 7,5 puntos de reducción entre 2017-2019, una mejora en el año 2020, en el marco de las políticas de confinamiento, cuando las ayudas llegaron a reducir la tasa de indigencia en casi 18 puntos (por cierto, el propio confinamiento había hecho que las situaciones de pobreza e indigencia aumentaran). Pero a lo largo de 2023 ese efecto de las ayudas sociales sobre la indigencia fue disminuyendo, a 10,5% de reducción.

Fuente: Infobae