El juzgado federal de Río Gallegos deberá investigar el hackeo a la justicia de Santa Cruz

Finalmente, será el Juzgado Federal de Río Gallegos la que deberá investigar el ciberataque que sufrió la justicia de Santa Cruz el 23 de septiembre del 2022.

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el martes 7 de marzo, cuando decidió la competencia antes mencionada

El hackeo- que solo fue publicado por TiempoSur- tuvo dos denuncias: una, del área de informática del Tribunal Superior de Justica ante la fiscalía; y otra, del gremio judicial ante el Juzgado Federal de la capital provincial.

El Juez federal se declaró incompetente,  por lo que el gremio apeló, y el expediente fue enviado a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

"En el caso y por imperativo plasmado en la ley 26.388 y en tanto que los servicios de telecomunicaciones son el medio utilizado, prima facie, para cometer el delito denunciado, el mismo debe ser investigado por la justicia de excepción.

Ello por cuanto la ley Nacional   de   Telecomunicaciones, en los artículos 2º y 3º, indica que las cuestiones referidas a servicios de esa índole corresponden al fuero federal", destacaron los magistrados de la Cámara de Apelaciones.

Es el mismo argumento que señaló el  asesor letrado del gremio judicial, Dr. Javier Stoeesel, cuando advirtió que La Ley Nacional de Comunicaciones   lo establece de esta manera cuando se vulnera una base de datos o sistema informático.

La resolución de los jueces hacen mención  en particular al artículo 3 de esta ley (19.798) la que señala que son de jurisdicción nacional:

a) Los servicios de telecomunicaciones de propiedad de la Nación,

b) Los servicios de telecomunicaciones.

Que se presten en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

c) Los servicios de telecomunicaciones de una provincia interconectados con otra jurisdicción o con un Estado extranjero.

d) Los servicios de radiocomunicaciones de transmisión y/o recepción cualquiera fuera de su alcance.

Así, los magistrados señalaron que "es doctrina del alto Tribunal que el acceso ilegítimo a una "comunicación electrónica" o "dato informático de acceso restringido", en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, según la ley 26.388, a los que sólo es

posible ingresar a través de un medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (artículo 2° y 3° de la ley 19.798), debe ser investigado por la justicia federal"

El ingreso

El ingreso ilegal se conoció  gracias a una publicación en redes sociales de la venta de los datos filtrados. De acuerdo a la denuncia alguien "habría tenido acceso a bases de datos del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, entre ellos, claves de acceso de funcionarios y empleados judiciales, bases de datos de procesos, y documentos de trabajo de los integrantes del Poder Judicial de Santa Cruz, poniendo posteriormente a la venta dichos elementos en un sitio web de acceso público".

Expusieron también que la cuenta de Twitter @MauroEldritch publicó:

"Un actor de amenazas afirma tener acceso total al Poder Judicial de Santa Cruz y lo coloca a la venta en un foro especializado. Incluye credenciales de usuarios y accesos remotos vía RDP".

La cuenta pertenece a un experto en seguridad informática, quien por medio de su cuenta alertó sobre los ingresos ilegales a diversas instituciones.

Mauro Eldritch, hacker y experto en seguridad informática, fue entrevistado por TiempoSur. El profesional -que vive en Uruguay- utiliza su cuenta para informar los diferentes ingresos ilegales a varias instituciones de Argentina, cuyos datos son luego vendidos en diversos foros.

Eldritch -que conoce el cibercrimen- dijo a TiempoSur que es fácil hackear una Institución Pública en Argentina.