Escenas que anticipan nuevos debates

Escena I: Hidrovía y soberanía

En laentrevista realizada el 27 de mayo por Pedro Rosenblat, el presidente Alberto Fernández avanzó públicamente en definiciones sobre el proceso iniciado en agosto de 2020 cuando el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe firmaron el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por el cual se estableció el objetivo de la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado.

En esa entrevista definió que instruyó a las autoridades de aplicación para que ¨todas las provincias ribereñas participen de la licitación, adjudicación y administración de la hidrovía¨ y que ¨se cambiará el sistema de percepción del ¨peaje¨ que actualmente lo cobra el concesionario para que lo empiece a cobrar el Estado¨ así como la gestión integral de la navegación.

Desde el anuncio del fin de la concesión se ha generado un interesante debate en el oficialismo que fue introduciendo una serie de novedades.

Algunas, como la del Canal Magdalena, promovida por la provincia de Buenos Aires mediante el senador Taiana, ¨para que se incorpore al esquema de la Vía Navegable Troncal, como una unidad indisoluble" y se contemple su función en relación a su integración con la logística de navegación atlántica.

Otras que buscan desandar los problemas del modelo de privatización de los servicios públicos y buscan nuevas soluciones resolviendo la disociación entre dominio originario y jurisdicción de los recursos naturales iniciado en el gobierno de Menem y consolidado por diversas prórrogas.

La búsqueda de nuevas formas institucionales para que las autoridades de aplicación ejerzan el dominio y la jurisdicción sobre los recursos naturales es uno de los desafíos centrales del federalismo en el siglo XXI. A medida que se quiere avanzar en esa dirección observamos que el problema no es conceptual sino que se manifiesta en las diversas formas que adoptaron las privatizaciones y concesiones de bienes públicos realizados desde 1990 y que se consolidaron por diversos prorrogas.

No hay atrás de esta situaciones solo problemas de finanza pública, muchas de estas concesiones han naturalizado que los privados se ¨controlen¨ a sí mismos por el uso de los servicios ecosistémicos que originan los recursos naturales, siendo además en muchos casos claves para el ejercicio integral de la logística del país y para el ejercicio integral de la soberanía como en este caso.

Escena II: IMPSA y la producción nacional

Hace dos días se formalizó la integración de capital estatal en la empresa IMPSA luego de una serie de análisis y negociaciones con los acreedores que llevó varios meses. Esta estatización de mercado incorpora aportes del  Estado Nacional y la Provincia de Mendoza por 20 millones de dólares pasando a controlar el 63,7% y el 21,2% de las acciones respectivamente, quedando el 15,1% en el sector privado incluyendo el 5,3% de la familia fundadora.

El Ministerio de Desarrollo Productivo haciendo uso de varios instrumentos como el programa ATP y en particular el  “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” anticipó durante todo el 2020 varias ayudas hasta concluir con estos acuerdos.

Si bien el abordaje del problema surge inicialmente como una compensación ante una falla del mercado, todo indica que el carácter estratégico de IMPSA basado en sus capacidades tecnológicas e infraestructura energética puede jugar un rol significativo en el desarrollo económico del país.

Este es un caso virtuoso donde la capitalización estatal viene a sostener el capital humano que se hubiera perdido con su quiebra; este no solo es valioso por el conocimiento de las tecnologías y el manejo de las herramientas productivas, sino por el saber tácito acumulado por 114 años de experiencia empresarial que hoy se actualiza en sus más de 700 empleados, de los cuales el 35% son ingenieros y científicos, y especialmente por el ecosistema creado por trabajadores de más de 100 pymes nacionales que operan como contratistas especializadas.

Cuando se privatizaron las empresas públicas el saber acumulado fue despreciado, se lo hizo considerando que el mercado podría asignar nuevos sentidos y crear una nueva época de prosperidad. Esto no fue así, los resultados tanto económicos como sociales muestran que ese modelo dependiente del financiamiento externo solo fue compatible parcialmente con los sectores más concentrados de la economía e incompatible con la creación y desarrollo de tramas productivas con empresas con alguna capacidad de innovación.

En este sentido la nueva constitución accionaria de IMPSA es un salto cualitativo en las políticas productivas argentinas, porque cambia la tendencia privatizadora e introduce nuevos consensos entre actores de gobierno con identidades políticas e intereses distintos. La calidad gerencial y los proyectos que encaren dirá si esos consensos para el salvataje financiero son compatibles las necesidades de un modelo de desarrollo nacional más sólido.  

Escena III. Cadenas de valor y valor distribuido

Esta semana un grupo de diputados del Frente de Todos, la mayoría patagónicos, presentó un proyecto de ley para crear un Fondo Fiduciario para la Promoción Tecnológica e Industrial de los Hidrocarburos.

El proyecto de ley tiene la firma de los diputados y las diputadas, Santiago Igon, Rosa Muñoz y Adriana Hernández de Chubut; Mabel Caparroz y Carolina Yutrovic de Tierra del Fuego; Alberto Vivero y Guillermo Carnaghi de Neuquén;  Pedro Dantas y Ayelen Spocito de Río Negro y, de Omar Félix de Mendoza, que es además Presidente de Comisión Energía de la Cámara de Diputados y de Juan Alderete de Buenos Aires.

La diputada nacional por Río Negro, Graciela Landriscini, quien motorizó esta iniciativa legislativa señaló a TiempoSur que ¨el Proyecto de Ley tiene por objeto fijar lineamientos para el despliegue de una estrategia pública robusta capaz de promover capacidades industriales, tecnológicas y logísticas en la trama productiva hidrocarburífera nacional que involucre los territorios de las cuencas¨.

Destaco asimismo que el ¨proyecto se enfoca en la cadena de valor y el complejo productivo y tecnológico derivado de la actividad energética¨, y que en particular asume desde el territorio ¨las perspectivas del desarrollo industrial del sector petrolero y gasífero nacional¨.

El proyecto busca dar respuesta a un diagnóstico de cierto detalle de la debilidad de las tramas productivas en las cercanías de los yacimientos y en tal sentido se propone, ¨la promoción de las unidades pequeñas y medianas que la integran a fin de fortalecer sus capacidades operativas, y así responder a las demandas del mercado¨, sobre la base del desarrollo tecnológico e industrial de la cadena de valor.

El proyecto de ley incluye entre otras fuentes del Fondo recursos con origen en impuestos a las exportaciones de hidrocarburos. Si bien los mecanismos para la administración pueden ser variados, el énfasis puesto en que los beneficiarios deben ser las empresas pequeñas y medianas no deja dudas sobre su vocación distributiva en la cadena de valor.

El art 6° señala que el objeto de esa asistencia será para: a) proyectos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico y b) proyectos de desarrollo y producción de bienes y servicios comprendidos en los diferentes eslabones de la cadena de valor de los hidrocarburos, y en la sustitución de importaciones así como la promoción de las exportaciones.

La iniciativa parlamentaria anticipa un debate más amplio sobre la futura ley de energía e hidrocarburos que anunció el gobierno nacional para tratar este año.

La perspectiva desde los eslabones débiles de la cadena global de valor parece haber encontrado interlocutores en este grupo de legisladores, después de todo no se trata solo del agregado de valor que muchas veces puede tener sus beneficiarios fuera del país sino también del valor distribuido que involucra de forma directa a empresas, trabajadores donde se encuentran los recursos naturales.

Sumando escenas

Cada una de estas escenas muestra debates que aún tienen cierta dispersión, pero todo indica que la magnitud y desafíos del desarrollo argentino para enfrentar las asimetrías sociales y geográficas, que no tienen registro histórico desde mediados del siglo XX, los va a acelerar.

Los desafíos del desarrollo sostenible en esta época donde la economía del conocimiento y las cadenas globales dominan las dinámicas productivas, muchas veces debilitando territorios y soberanía, requieren nuevos instrumentos de gobierno y deliberaciones democráticas más sólidas.

La recuperación de YPF en 2012 o ahora el avance del control estatal sobre IMPSA son grandes avances y también indicadores claros que junto a la ¨deconstrucción¨ de los conceptos e instituciones neoliberales se requiere el diseño de un Estado que asuma con decisión su calidad de inversor estratégico y que oriente a las grandes empresas hacia la construcción de nuevas plataformas de desarrollo.

La magnitud de los problemas y la dispersión de los debates que surgen de cada una de estas escenas sugieren la necesidad de organizaciones políticas sólidas que permitan que sean profundizados con sentido de gobierno, no solo entre técnicos o funcionarios sino especialmente en relación a las fuerzas sociales que se deben movilizar para sostener los debates y los cambios.

Rubén Zárate es Profesor Titular e Investigador I del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.