Formadores de precios y seguridad alimentaria

La decisión del presidente Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carne por 30 días, comunicada a los representantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, operó como un catalizador de un debate central de las políticas públicas en democracia, el de la inflación en general y la seguridad alimentaria en particular.

Políticas estructurales y emergencia

La suspensión de la exportación incluyó la advertencia que la medida podía levantarse ¨si se observaban resultados positivos¨ por su aplicación junto a otras que de irán conociendo estos días, ¨como parte de la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia¨.

Quienes se sorprenden por la medida es porque no han seguido con atención las diversas comunicaciones de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español; ya en abril había intimado a unas 1000 grandes empresas de comercio e industria por posibles manejos especulativos durante la emergencia sanitaria.

"Desde la Secretaría de Comercio Interior, a través de herramientas y políticas estructurales, buscamos cuidar el consumo y proteger el mercado interno", señalaba Español a los medios hace menos de un mes, indicando además que "el SIPRE es un sistema informativo que nos permite tener un monitoreo de precios, ventas y stock para prevenir desequilibrios, transparentar la cadena de comercialización e impedir comportamientos especulativos".

El Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) fue creado por Resolución 237/2021 con el propósito que las empresas de comercio e industria informen mensualmente los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales e intermedios para transparentar las ¨ventas totales en el mercado interno considerando no solo las cantidades vendidas sino también el stock disponible¨.

La información captada en rangos de tiempo bien definidos permite no solo estimar la evolución de cantidades y precios sino también generar alertas ante posibles intentos especulativos por desabastecimiento u otras maniobras, en particular de las empresas de mayor facturación y con posición dominante en el mercado.

Esta mejora en la capacidad de análisis es estratégica en un momento que es excepcional en todo el mundo, donde los problemas estructurales se mezclan con los de coyuntura y el abordaje de esta última no puede prescindir de abordar de forma simultánea los problemas estructurales de cada sociedad. Argentina no es excepción. 

La Mesa de Enlace contra la Mesa de los argentinos

El paro que de forma inmediata convocó la Mesa de Enlace es desproporcionado, ya que esta medida de suspensión por solo 30 días de la exportación de carne no afecta ni la cuota Hilton ni la cuota americana y si bien puede afectar algunas ventas a China, esto no ocurriría si sentados en una mesa logran acuerdos que incluyan en la ecuación la mesa de los argentinos.

El dirigente de la Federación Agraria y experto en temas agropecuarios Pedro Peretti, señala que la Mesa de Enlace ¨se comporta como el brazo político de Cambiemos¨ ya que solo busca incrementar el conflicto con un paro que tiene fines electorales.

La decisión de los ganaderos de bloquear las ventas por ocho días, crea por un lado, condiciones que llevan al desabastecimiento de toda la cadena, no solo en las carnicerías y, por otro lado, genera un escenario para sumar en este conflicto a los cerealeros.

Contrastan los discursos nostálgicos de las luchas la Resolución 125 con una realidad muy beneficiosa para el campo. Hay coincidencia que al sector agropecuario hace tiempo que no le va tan bien. El incremento de equipos e implementos agrícolas ya han superado en algunos casos el 130% y la facturación global superó el 80% en un año. Los datos son contundentes, entre 2020 y 2021 la facturación del sector en dólares se encuentra entre las primeras tres más grandes de los últimos 20 años.

Esto no fue magia, la combinación de mercados internacionales en alza y muchos programas nacionales de promoción aplicados en un contexto con las más bajas retenciones de la historia, impuestos estables e incluso devolución de las retenciones a pequeños y medianos productores han provocado este escenario virtuoso.

El enojo del presidente es explicable, con todo esto, ¿cómo es posible que el precio del asado haya tenido casi un 95% de incremento y haya casi triplicado la inflación?

Formadores de precios y acceso al consumo

El debate sobre los precios es parte del escenario político e irá adquiriendo cada vez más importancia en los próximos meses en la medida en que se empiecen a debatir, diseñar y ejecutar estrategias y políticas públicas para la salida de la pandemia.

Todo indica que la sintonía fina en las acciones de gobierno dejará de ser solo una consigna, ¨volver y ser mejores¨, para convertirse en una necesidad imperiosa dedicada a encontrar resultados eficaces, en particular en aquellos aspectos que hacen a la calidad de vida del pueblo. En un mundo donde la pandemia está siendo muy exigente con los oficialismos esto no es menor.

Además la propia historia mostró que el humor ciudadano está muy marcado por la capacidad de acceso a los alimentos y que esto no es ajeno al destino de los gobiernos y la democracia. Desde el gobierno de Alfonsín esta tesis no solo marca a fuego a toda la clase política que desea la estabilidad política y la inclusión social sino también a quienes buscan imponer decisiones de signo contrario.  

Los resultados de estos 30 días de suspensión marcarán el rumbo sobre este aspecto.

Se adjudica al sector y con razón, una baja productividad; desde hace años la tasa de destete (producción de terneros sobre stock de vacas) se mantenido cercana al 60% contra el 80% de Nueva Zelanda y el 89% de Estados Unidos y además se agrega una baja productividad por stock (Kg/animal) en comparación a estos países.

Es posible que adoptar los precios internacionales sin tener los mismos niveles de productividad puede explicar en parte un traslado al mercado interno, pero eso no parece justificar el comportamiento histórico, no solo de la carne sino de casi todos los alimentos en relación al poder adquisitivo de los argentinos.

Los mercados internacionales al incorporar grandes jugadores como importadores agropecuarios de largo plazo han generado una suba explosiva de los precios de alimentos. Esto por un lado, incrementa significativamente la renta del suelo apropiada por nuevos grupos económicos y, por el otro, una suba equivalente de los precios de los alimentos básicos de la población.

Esto último no es menor ya que los alimentos tienen una gran incidencia en la canasta de bienes de consumo. Los estudios históricos indican que en Argentina su participación supera el 30%, mientras que en países como Brasil o Chile se ubica en alrededor del 22%.

Hemos aprendido que apropiación de la renta agropecuaria y la suba del precio de los alimentos se maximizan con la devaluación del peso, generando una presión adicional de los precios internacionales. La devaluación de 2016, tanto por sus beneficiarios como por sus damnificados mostró de forma contundente esta situación.

Debates inconclusos

Una parte importante de los debates originados en torno a la Resolución 125 en relación al papel antiinflacionario de las retenciones no se han resuelto, como tampoco algunas medidas de control de precios ante la persistencia de las presiones inflacionarias latentes derivadas de las devaluaciones posteriores a 2002 y del alza del precio internacional de los alimentos.

Nunca se puso en cuestión la racionalidad técnica de esos enfoques, sí la viabilidad política de su aplicación tanto por diseño como por la resistencia de los actores que vieron afectados sus intereses.

Todo indica que en este escenario no es conveniente analizar la situación del precio de la carne y de los alimentos de forma aislada dado su interrelación con los precios de otros insumos claves de la economía, como los servicios públicos o los combustibles destinados al mercado interno.

La economía argentina tiende hacia una mayor complejidad, sus relaciones con la política también. Una muestra de esto es la situación de los biocombustibles que empezaron a tener una incidencia alta en el precio final en el surtidor y derivó en la necesidad de una nueva ley, en particular por la presión de los productores de maíz de Córdoba y Santa Fe que junto al norte de Buenos Aires concentran más del 70% de la producción.

Un dato ilustra esta nueva complejidad, este sector que ha tenido una de las cosechas más altas de su historia destina el 67% a la exportación, el 25% al consumo animal y el resto a biocombustibles e industria, y tiene cada vez mayor incidencia en el precio de la carne destinada al mercado interno debido no solo al feedlot sino también a la práctica habitual de terminación para la venta.

Todo indica que cumplir el propósito de bajar el precio de los alimentos no será sin conflictos, especialmente cuando se ingrese al análisis a los formadores de precios. Esto es así porque los principales jugadores están cada vez más integrados verticalmente controlando las cadenas de valor y su apropiación.

En tal sentido el actual debate sobre el precio de la carne es apenas la punta de un iceberg que al igual que todos los alimentos, bajo la superficie tiene posiciones dominantes, monopólicas y oligopólicas que además han encontrado una expresión política que las exprese y organiza. 

Rubén Zárate es Profesor Titular e Investigador I del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.?