Ianni que ya no sea obligatorio para empresas pedir documentos a menores

A través de la Resolución 1/2025, publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional eliminó la obligación de las empresas de transporte de verificar la documentación de menores en viajes internacionales. La medida fue adoptada por el Ministerio de Infraestructura, en el marco de la política de desregulación que lleva adelante la administración de Javier Milei.

El Artículo 1 de la Resolución deroga el Artículo 5° de la Resolución 43/2016 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que establecía que las empresas de transporte internacional de pasajeros debían exigir la documentación correspondiente a menores de edad antes de abordar.

En concreto, la normativa eliminada obligaba a las empresas a constatar la identidad del menor y la autorización de los progenitores o tutores para viajar, evitando así posibles irregularidades en el traslado de niños y adolescentes.

Mira Tambien

Provincia acompañó la botadura de un nuevo buque pesquero

Esta resolución ya entró en vigencia, lo que significa que las empresas de transporte ya no están obligadas a solicitar ni verificar estos documentos antes del embarque.

La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, cuestionó la decisión a través de sus redes sociales, señalando que la eliminación de esta norma pone en riesgo a los menores y desprotege a las familias.

"Otra total irresponsabilidad del gobierno que deja desprotegidos a los más vulnerables. A escondidas y sin anuncios, Javier Milei eliminó la obligación a las empresas de transporte de controlar y solicitar documentación para que menores salgan del país."

Además, recordó que en 2024 presentó el proyecto de ley expediente 3906/24, destinado a regular los traslados de menores dentro del país, garantizando su seguridad y evitando delitos como la trata de personas.

"Deberemos ampliar a los controles en viajes al exterior", agregó.

La decisión del Gobierno generó preocupación en distintos sectores, ya que podría facilitar casos de trata de personas y traslados irregulares de menores sin el consentimiento de sus responsables legales.