Impuesto Rosa: ¿qué es y por qué ocurre?

En la actualidad, se puede observar una notable diferencia entre el precio de los productos “destinados” para las mujeres y para los hombres, ignorando el hecho de que ya de por sí, existe una enorme brecha salarial entre ambos géneros.

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Esta desemejanza es denominada “Impuesto Rosa” y se trata de un sobreprecio que se le aplica a un producto por el simple hecho de estar destinado a un público femenino y del que poco se ha hablado en los últimos años.

Esto puede observarse, por ejemplo, en las cadenas de supermercados regionales en donde un producto de higiene personal –tal como un shampoo, un desodorante o una afeitadora- que posee la misma cantidad y cumple la misma función puede costar hasta $200 pesos más –o inclusive más-  y se distinguen del resto ya que la mayoría se encuentran decorados con un inconfundible color rosa.

Dicha brecha se alarga más y más teniendo en cuenta que –en promedio- las mujeres ganan un 27% menos que los hombres, a pesar de que desempeñen una misma tarea en la misma cantidad de horas, obviando el hecho de que su participación en la economía es mucho más baja y sin tener en cuenta que las mujeres padecen más dificultades al momento de poder acceder a servicios financieros.

Por ende, no sólo existe una brecha salarial entre ambos géneros, sino que también las mujeres deben abonar más por productos de cuasi idénticas características, evidenciando más y más la posición que –a pesar de aún encontrarnos en el siglo XXI y con notables avances en materia de género- la mujer posee dentro de una sociedad machista.

En el año 2022, la senadora por el Frente de Todos de la provincia de Salta, Nora del Valle Giménez, presentó el proyecto “Ley de Equidad de Género en los Precios de Bienes de Consumo”, el cual tiene como objetivo principal evitar la aplicación de lo que se ha denominado comúnmente como “Impuesto Rosa” o “Pink Tax”.

Dicha iniciativa pone en foco el “Impuesto Rosa” con el fin de crear una equidad de género en los precios de los productos, al igual que busca modificar el Articulo 8° bis de la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor y plantea, entre sus puntos, que si bien en América Latina no existen michos estudios relacionados a los sobreprecios en los productos destinados a las mujeres, estos si existen en otros países.

Por ejemplo, en el año 2015 el Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA) de la ciudad de Nueva York, realizó un estudio denominado “gender pricing” (precios de género) en donde se compararon casi 800 productos –tanto sus versiones “masculinas” como “femeninas”- de más de 90 marcas y se concluyó que, en promedio, los productos destinados a las mujeres cuestan un 7% más que el de los destinados a los hombres de similares características.

En Santa Cruz, dicha brecha puede observarse en los productos de higiene personal que comercializan las principales cadenas de supermercados en donde, por ejemplo, un set de máquinas de afeitar de la marca “Bic” que incluye dos afeitadoras descartables tiene un costo –para la versión de hombres- de $425 cuando el mismo par de afeitadoras de dicha marca pero para el público femenino- cuesta un total de $528 pesos.

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Los desodorantes marca “Rexona” de hombre de 400 ml cuestan $335, cuando para las mujeres el mismo cuesta $565 y así pueden encontrarse numerosos ejemplos.