La FESC promoverá una acción de amparo por tarifas

El tarifazo en electricidad y gas preocupa a la totalidad del empresariado argentino, pero de sobre manera al sector pyme nacional, motivo por el cual desde los gobiernos provinciales y municipales también se han hecho eco de la situación. En diferentes tonos, las autoridades han manifestado su oposición a los aumentos de los servicios públicos y pidieron que se avance con un ajuste más gradual, y si bien la semana pasada el Gobierno nacional decidió postergar los incrementos en las tarifas del gas, lo cierto es que las medidas en defensa de los usuarios y consumidores continúan.

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Mientras comerciantes y dueños de pymes de distintas provincias de la Patagonia están estudiando presentar un amparo contra los aumentos de tarifas, en Santa Cruz esta es una posición tomada, y según pudo confirmar TiempoSur, será la Federación Económica de Santa Cruz la encargada de presentar en las próximas horas una medida de amparo judicial, así lo adelantó Mirian Giorgia, vicepresidenta de la FESC. Fue una de las conclusiones a las que arribaron las autoridades de la Federación tras conocerse que, de darse la actualización tarifaria, las boletas podrían alcanzar el 1.000% de aumento.

El gran empresariado pyme nacional acusa que, entre el tarifazo, los despidos en los sectores público y privado, y la licuación de los salarios también se perjudica a los comercios y las pymes porque cae el consumo. Además, si los comercios aumentan sus servicios al ritmo de los costos, mucha gente que no puede pagar el valor del producto y se pierden las ventas, pero tampoco puede no subir los valores porque si no se desfinancia el comercio y no puede reponer mercadería. Este complejo panorama lleva a que muchos comercios terminen cerrando sus puertas, provocando pérdidas de fuentes laborales.

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Son varios los sectores que están analizando y preparando la acción judicial de amparo en el país, a los gobierno provinciales municipales, se han sumado clubes deportivos y cámaras empresariales de todo el país. En este contexto, Miriam Giorgia, referente de la FESC, adelantó que “está trabajando el abogado en la demanda. Está dirigida contra el Estado Nacional, y su basamento es el incumplimiento a los principios de progresividad y motivación que deben tener los servicios públicos para garantizar su accesibilidad, vale decir, que la mayor cantidad posible de usuarios puedan acceder al servicio de gas”. La presentación podría darse promediando la semana.