La increíble “rotación” de usurpaciones en un barrio que nunca fue terminado, y cuyos ocupantes fueron a la justicia

Desde el 10 de marzo de 2021, más de una docena de viviendas correspondientes al Plan Federal Techo Digno se encuentran usurpadas en San Julián.

Durante un año, los ocupantes no fueron- en general- los mismos ya que, de acuerdo al municipio de San Julián, que se constituyó como querellante al ser el dueño de los terrenos en la causa que tiene a cargo el Juez Ludovico Pio Pala, las casas tuvieron una “rotación” en las usurpaciones.

De las 64 viviendas que debían construirse, cerca de 44 se levantaron y sólo se encuentran terminadas en un 22%. Durante un año, la justicia “no tomó una decisión de fondo”, advirtió el secretario de Gobierno Andrés Azuri.

Cada tanto, se iban usurpadores, pero llegaban otros.

Tal es así que, de acuerdo al funcionario, hace, aproximadamente, dos semanas “han llegados tres familias nuevas desde Río Gallegos con promesas de trabajo”.

Azuri lo comunicó a la Policía, pero la fuerza no pudo actuar porque “no hay una resolución de la justicia” (más allá de que se estaba cometiendo un delito flagrante).

Los ocupantes ya eligieron una denominación para el lugar: lo llaman “Barrio Popular Patagonia Argentina”.

“Las viviendas del Plan nacional nunca se terminaron, el municipio hizo gestiones para retomar el financiamiento, pero no obtuvimos respuestas”, dijo Azuri.

De acuerdo al informe municipal, a través de la ordenanza 2589 promulgada el 16 de junio de 2005, dichas manzanas se donaron con cargo a favor del IDUV, con destino a la construcción de planes habitacionales tendientes a satisfacer la demanda de viviendas que afectan a nuestra población.

Luego el 25 de abril de 2013, la comuna dictó el decreto que dejó sin efecto esta donación (correspondientes a las manzanas 204 A, 204 B, 215 A, 215B destinadas a construcción de viviendas dado la demanda habitacional y el tiempo transcurrido) dado que no se registró avance en la construcción.

Existe un convenio firmado entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat Del Ministerio Del Interior, Obras Públicas Y Vivienda de la Nación y el municipio en diciembre de 2016, cuando el jefe comunal era Antonio Tomasso, a los fines de fines de ejecutar la obra denominada “Construcción de 64 viviendas e infraestructura en Puerto San Julián de la Provincia de Santa Cruz””. Al parecer esto nunca se llevó a cabo.

Una de la viviendas

LOS OCUPANTES

Cuando se detectaron las usurpaciones, Azuri señaló que se constituyó a las áreas sociales, como la dirección de la Mujer y Oficina de Protección para que se realice un relevamiento mensual de las familias. Eran 15 familias, pero con el tiempo bajó a tres. “Muchas de las familias, cuando hicimos el primer relevamiento para conocer en que situación estaban, vimos que el 70% de los entrevistados tenían un trabajo estable y manifestaban que no podían pagar un alquiler por el alto costo”, precisó.

“Todas Fueron asistiditas con ayudas sociales y bolsón alimentarios”, aclaró.

El municipio argumenta que no pretenden echar “porque sí” a las familias, sino que quieren impedir “que se cometa (y avale) un delito, y si, en base a ese delito vulneramos el derecho de los demás vecinos, es desigual”.

La justicia pidió que abandonen las viviendas sin terminar, pero no ordenó ningún desalojo.

La comuna realizó un nuevo relevamiento desde el 25 de enero al 1 de febrero, y las tres familias que habían estado originalmente abandonaron el predio debido a las malas condiciones de habitabilidad, porque no cuentan con infraestructura para la conexión de gas y electricidad.

EL AMPARO

Pero el 15 de junio del 2021 los ocupantes presentaron una acción de amparo el Juzgado de Primera Instancia N° 1 denominado “PEREZ VERONICA SOLEDAD Y OTROS S/ ACCION DE AMPARO" EXPTE 13075/2021 contra el municipio y SPSE para exigir la conexión de la red eléctrica, agua y red cloacal.

El amparo fue rechazado en noviembre del mismo año, ya que la justicia entendió que primero debía resolverse la vía penal originada en la primera denuncia y ordenó al mismo tiempo “un plan de contingencia para ambas instituciones” (Municipio De Puerto San Julián Y Servicios Públicos Sociedad Del Estado.)

“Están solicitando agua y electricidad, pero el municipio no pude autorizarlo a SPSE, primero porque están ocupadas, y segundo porque las viviendas no están terminadas, están al 22% y si hay una conexión de energía o gas, eso puede terminar en una tragedia”, advirtió Azuri.

La ocupación será “permanente”, insistió el funcionario por “la gente rota” en el lugar, que incluso está subalquilando las casas.

Un grupo de los ocupantes cuentan con planes sociales, como el Plan Potenciar Trabajo, cuyo objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

Pero este plan implica una contraprestación en los municipios, sostuvo el funcionario, y ninguna de esas personas la realizan en esta comuna.

La semana que viene, Azuri se reunirá con el ministro de Desarrollo Social Mantendría la semana que viene con el ministro de Desarrollo Social, Jorge Ferreyra.