La Ley Ómnibus propone el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

Mientras que la Marina Mercante Nacional celebraba la definitiva marcha atrás del gobierno de Javier Milei respecto a su intención de eliminar la ley de cabotaje marítimo que reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional, el sector pesquero se encuentra en estado de shock por el giro copernicano que la llamada Ley Ómnibus propone para el sector.

“Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, indica el artículo 245 de la norma entregada en mano durante el pasado miércoles por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nuevo texto modifica de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Dicho en lenguaje llano, para ejercer actividades de pesca comercial en aguas argentinas, la norma vigente indica que los buques deben pertenecer a empresas radicadas en el país con buques que enarbolen el pabellón nacional y tripulados mayoritariamente por marinos argentinos. Para los principales referentes del sector, este cambio de paradigma va más allá de lo que internacionalmente hacen todos los países con litoral marítimo, que es reservar para sí las actividades extractivas dentro de las 200 millas. Los especialistas consultados señalan ante Infobae que la propia Convención Internacional sobre Derecho del Mar aprobada por la ONU en 1982 reconoce este derecho.

“Aún estamos tratando de interpretar cuál sería la ventaja para el país de todo esto. No nos esperábamos que una ley que pretende desregular actividades relacionadas con el funcionamiento del Estado propinara semejante golpe a una actividad totalmente privada que es ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, generando miles de puestos de trabajo, valor agregado y miles de millones de dólares fruto de la exportación de casi el 90% de lo capturado en el mar”, señala el presidente de una de las cámaras empresarias.

Consultado al respecto, Fernando Rivera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, sostiene: “La sanción de la actual Ley Federal de Pesca se logró luego de años de análisis y discusión entre las autoridades nacionales, provinciales y las empresas del sector y permitió que, con su aplicación y la implementación del sistema de Cuotas de Captura, el caladero argentino se encuentre en muy buena situación”. Y agrega: “Como consecuencia de la sanción de esa ley, las empresas obtuvieron sus ‘Cuotas de Captura’ sobre la base de las inversiones realizadas en el país, las exportaciones efectuadas, el promedio de capturas legales realizadas, de productos pesqueros elaborados y, también, para su otorgamiento, se analizaron los antecedentes de sanciones aplicadas a las mismas”.

Con la presentación de este proyecto denominado Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, “se introducen profundos cambios en la legislación pesquera que pueden tener consecuencias sumamente graves para las empresas del sector y también para el personal que desarrolla sus actividades en las mismas”, sentencia el empresario pesquero.

“Resulta gravísimo que quien puede licitar una cuota de captura no necesariamente debe contar con un permiso de pesca aprobado por el Consejo Federal Pesquero y no se le exija ningún antecedente en el caladero para que pueda obtener la cuota”, concluye Rivera, no sin antes manifestar el enérgico rechazo del sector que representa a la nueva normativa. Por estas horas, y sin solución de continuidad, se realizan reuniones en las diferentes cámaras empresarias del país.

“Acá no podemos hablar de monopolio ni de oligopolio; hay decenas de empresas pesqueras, algunas de pesca de altura y otras costeras. También nos diferenciamos por el objetivo a capturar y los tipos de buque que utilizamos”, indican los empresarios. Un vocero de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) indica: “La industria pesquera se verá seriamente afectada en su esencia. Se modificarán sustancialmente no solo los derechos adquiridos, sino también la soberanía nacional y los puestos de trabajo de los argentinos”.

Desde la misma cámara empresaria también alertan: “Una reforma en los términos del proyecto de ley elevado al Parlamento pondrá en riesgo el cuidado y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Todo ello merece un tratamiento serio y sin apresuramientos, ya que la pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizar esta situación”.

Por otra parte, desde el sector gremial se observa con preocupación la derogación del artículo 40 de la ya mencionada ley 24.922, que estipula la composición de las tripulaciones, reservando para los trabajadores argentinos el 100% de los puestos de oficiales y el 75% de los correspondientes al personal subalterno. De aprobarse la propuesta libertaria, los armadores estarían en libertad de acción para contratar tripulantes extranjeros sin estar sujetos a los requisitos que rigen para los trabajadores radicados en el país.

Alertados acerca del contenido del proyecto de ley, desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, mediante nota firmada por su titular, Capitán Jorge Frías, los pescadores solicitaron al presidente Javier Milei el pasado 19 de diciembre una entrevista para ponerlo al tanto de la situación de la actividad. La misiva enviada por el gremio con mayor representatividad en el sector indica: “En mi carácter de Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca en representación de los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, me dirijo a usted con el objeto de solicitarle una reunión a los efectos de abordar la problemática actual de la actividad de la pesca industrial en la Argentina, en relación a las medidas económicas adoptadas y las que se anuncian por los medios de difusión que se adoptarán próximamente”.

Y finaliza: “En este sentido, es intención de esta organización hacerle llegar en forma directa la visión de los Capitanes y Oficiales de los Buques pesqueros con respecto al desarrollo actual de la actividad pesquera, que se ha convertido a lo largo de los años y como producto del esfuerzo de la totalidad de los actores involucrados en la misma, en una importante fuente de alimento, trabajo y divisas para nuestro país”.

Infobae pudo saber de forma directa desde la Asociación que nuclea a los pescadores que el envío no tuvo respuesta. Por su parte, la Liga Naval Argentina expresó su preocupación por el proyecto al sostener que la actividad pesquera es una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país y, al mismo tiempo, generadora de miles de puestos de trabajo, que incluye desde el personal embarcado a bordo de los buques pesqueros, pasando por el procesamiento en plantas terrestres, hasta su distribución para ser exportado o bien para el consumo interno.

Desde la misma institución señalan: “En lo que respecta a lo que hasta ahora se conoce como Zona Económica Exclusiva, de aprobarse esta medida, se producirán necesariamente cambios radicales”.

“En primer lugar, la zona dejaría de ser exclusiva, con lo cual perdería sentido su actual denominación. Por otra parte, independientemente de la actividad de la Prefectura Naval y la Armada Argentina en el control y prevención de la pesca ilegal en la milla 200, la autoridad marítima realiza dentro de la hasta ahora reconocida como zona exclusiva controles aleatorios en los pesqueros de matrícula nacional en todo lo atinente a seguridad marítima, dotación a bordo y cualquier otra que haga a la navegación”, subrayan los académicos. Y concluyen: “La existencia de buques extranjeros pescando implicaría un freno a esta actividad netamente policial, ya que, en principio, salvo presunción de un ilícito, las facultades de la PNA se verían limitadas. Es todo tan novedoso que las derivaciones de esta normativa aún no pueden ser cuantificadas”.

Al cierre de esta nota, la totalidad de los gremios marítimos que nuclean a distintos sectores del personal embarcado se encuentran preparando comunicados y pedidos de audiencia ante funcionarios de la Subsecretaría de Pesca de la Nación. La dependencia oficial quedó en manos del Director Nacional de Pesca designado oportunamente por el gobierno anterior, Julián Suárez, quien ha sido confirmado en su cargo por al menos 180 días más, contados a partir del 10 de diciembre del corriente año.