Los antecedentes de la pesquera china que busca desembarcar en Santa Cruz

Según la información brindada por la provincia, y recopilada por el portal “Parte de Pesca”, el acuerdo “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras”. Además, este convenio buscaría establecer una planta pesquera en la provincia y brindar apoyo portuario a su flota, que opera fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina.

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Sin embargo, los antecedentes de esta compañía suscitaron alarmas entre ambientalistas y especialistas en pesca ilegal, que advirtieron por un potencial riesgo para el país sudamericano. “Hongdong Fisheries tiene un historial de pesca ilegal y violaciones a los derechos humanos en sus operaciones en distintos países”, asegura Mirko Schvartzman, especialista en pesca INDNR, en un informe recientemente publicado y citado por el medio Revista Puerto.

En su documento, Schvartzman detalla cómo en 2017 la Fuerza de Tareas de Vigilancia Marítima de Indonesia interceptó uno de los buques de Hongdong realizando pesca ilegal. La embarcación había ingresado repetidamente a aguas indonesias, utilizando hasta cinco banderas diferentes para evitar ser detectada. A bordo se encontraron cientos de tiburones, incluyendo especies protegidas, lo que aumentó la controversia en torno a las actividades de la empresa.

Pero los problemas de la empresa no se limitan únicamente a Indonesia. En 2016, dos barcos de Hongdong fueron detectados en la Zona Económica Exclusiva de Sudáfrica, donde presuntamente realizaban pesca no autorizada. Desde entonces, las embarcaciones operaron regularmente en aguas internacionales del Atlántico Sur, cerca de la ZEE de Argentina, y en algunas ocasiones se ha reportado la desconexión de sus sistemas de identificación automática (AIS), una práctica común entre los barcos involucrados en actividades no reglamentadas.

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Asimismo, en el año 2020, el buque Fu Yuan Yu 7881, propiedad de Hongdong, fue denunciado por abandonar a 24 tripulantes filipinos en China durante tres meses sin alimentación suficiente y en condiciones insalubres, lo que requirió la intervención del Gobierno filipino. Según el informe de Schvartzman, “estas prácticas reflejan un patrón de violaciones a los derechos humanos común en la flota pesquera china”.

Otro aspecto preocupante es la presunta relación de Hongdong Fisheries con la industria armamentista china. Según el Círculo de Políticas Ambientales, la compañía es subsidiaria de Poly Group Corp., un conglomerado militar chino. En 2017, Hongdong firmó un acuerdo de cooperación pesquera con el Gobierno de Mauritania bajo el nombre de Poly Hongdong Pelagic Fishery Co. Ltd., lo que llevo a sospechar sobre una posible conexión entre sus actividades pesqueras y el sector de defensa. 

En Argentina, el posible acuerdo con Hongdong también enfrenta desafíos legales. César Lerena, experto en legislación pesquera, advierte que la colaboración violaría la Ley 24.922, que regula la actividad pesquera, y la Ley 24.093, de actividades portuarias, al facilitar el acceso a puertos argentinos a una empresa con antecedentes de pesca ilegal. Asimismo, la Ley 25.675 establece la obligación de proteger el ambiente marino, una medida que podría quedar comprometida si se permite que Hongdong opere en Santa Cruz.

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La flota pesquera china fue ampliamente criticada por su impacto ambiental en el Atlántico Sur. “Estos barcos dañan el ecosistema marino y afectan las economías locales al competir deslealmente con los pescadores nacionales”, afirma Lerena, citado desde la Revista Puerto. Diversos organismos internacionales y ONGs documentaron los efectos negativos de la pesca subsidiada por el Gobierno chino, que permite a estas flotas operar en aguas lejanas con menores costos y altos márgenes de ganancia, en detrimento de la sostenibilidad ambiental.

Por lo que, frente a las promesas de inversión y empleo que argumenta el Gobierno de Santa Cruz, los expertos sugieren considerar los riesgos de la pesca INDNR y las implicancias ambientales y sociales. “A nuestras empresas se les exige transparencia y cumplimiento estricto de las leyes. Esta empresa en cuestión ya contaría con antecedentes suficientes para descartar todo acuerdo”, sostiene Lerena. (Fuente: Revista Puerto)