Melella, uno de los cuatro gobernadores ausentes en la reunión nacional

Cuatro mandatarios provinciales decidieron no participar en una reunión virtual convocada a último momento por la Jefatura de Gabinete, en medio de un clima de tensión generado por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei.

El encuentro, que tenía como objetivo abordar las inquietudes de los gobernadores respecto al presupuesto 2025, se realizó a través de Zoom y contó con la presencia de varios altos funcionarios del gobierno. Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja) decidieron no asistir, sumando una nueva señal de discordia entre estas provincias y la administración central.

La reunión fue organizada tras las palabras del presidente durante la presentación del presupuesto 2025, en las que señaló la necesidad de reducir el gasto público en 25 puntos del PIB, lo que equivaldría a un recorte de 60.000 millones de dólares. Este ajuste, según Milei, requeriría un esfuerzo conjunto con los gobernadores.

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Sin embargo, las palabras del mandatario no fueron bien recibidas por los jefes provinciales, quienes manifestaron su preocupación por el impacto de las políticas económicas nacionales en sus distritos.

El encuentro fue convocado de urgencia por Lisandro Catalán, vicejefe del Interior, con la intención de explicar los lineamientos económicos del presupuesto y tratar de despejar las dudas generadas por las declaraciones de Milei.

En representación del gobierno nacional, participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, responsable de los aspectos técnicos del proyecto; y el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi. Dos gobernadores, Hugo Passalacqua de Misiones y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, se encontraban en Buenos Aires y decidieron asistir en persona a la Casa Rosada para sumarse a la reunión.

La convocatoria generó diferentes reacciones entre los gobernadores. A pesar de que 20 de los mandatarios provinciales asistieron al encuentro, la ausencia de Kicillof, Insfrán, Melella y Quintela no pasó desapercibida. La presencia de Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, sorprendió a algunos observadores, dado que no estaba confirmado para la reunión y suele mostrarse como uno de los opositores más firmes al Gobierno en el Congreso.

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Los funcionarios nacionales buscaban transmitir un mensaje optimista sobre las posibilidades de aprobación del presupuesto en el Congreso, en especial en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la verdadera preocupación del Ejecutivo se centra en el Senado, donde los gobernadores tienen una fuerte influencia, y donde históricamente la cámara ha sido un escenario clave para las negociaciones políticas que afectan a las provincias.

Las declaraciones de los gobernadores en las horas previas a la reunión reflejaban un malestar generalizado. «Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias», afirmó Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien también advirtió que su provincia «no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la provincia». Sus palabras muestran una preocupación latente sobre el desequilibrio entre los aportes que las provincias realizan al Estado nacional y los recursos que reciben a cambio.

Entre los temas discutidos durante el encuentro, uno de los más delicados fue el impacto que tendrá el presupuesto 2025 en las finanzas provinciales. Según estimaciones, 246.645 millones de pesos que las provincias deberán devolver al Estado Nacional en 2025 provienen del recupero de préstamos otorgados en años anteriores. Este nuevo esquema de financiación traslada parte del déficit financiero nacional a las provincias, complicando aún más sus ya debilitadas economías.

El conflicto entre las provincias y la Nación no es nuevo. En lo que va del año, el gobierno central suspendió casi por completo las transferencias discrecionales al interior, generando un malestar creciente entre los mandatarios provinciales.

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Además, 21 provincias, con excepción de Buenos Aires y La Pampa, firmaron el traspaso de obras públicas que antes estaban bajo la órbita de la Casa Rosada, con el objetivo de finalizar los proyectos por cuenta propia.

La tensión entre las provincias y el gobierno nacional se evidenció también en un encuentro previo de los gobernadores, realizado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esa oportunidad, los 23 mandatarios presentes emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron al Gobierno por las deudas pendientes en la financiación y ejecución de obras públicas. Además, solicitaron la transferencia de recursos correspondientes a las cajas jubilatorias no transferidas y la distribución del Fondo Compensador del Transporte, el cual se financia a través del impuesto a los combustibles, pero cuya transferencia se interrumpió.