Piden realización del Inventario sobre Relevamiento de Tierras Rurales

Este jueves, durante la 12º Sesión Ordinaria bajo modalidad virtual, la legislatura santacruceña resolvió solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Consejo Agrario Provincial, por iniciativa de los diputados Carlos Santi del Frente de Todos, y de Javier Pérez Gallart, de Nueva Santa Cruz, se informe “el grado de avance en la elaboración del Inventario de Relevamiento de Tierras Rurales y el correspondiente Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial”.

La elaboración de este relevamiento, fue establecido mediante la Ley 3692, promulgada el enero de 2020, entendiendo que “se encuentra próximo a cumplir el primer año de la declaración de la Emergencia en Materia de Posesión y Tenencia de Tierras Rurales”.

También, con la unificación de los dos proyectos de las dos bancadas parlamentarias, el Poder Legislativo manifestó “su malestar ante la inexactitud de las publicaciones de algunos medios de comunicación que desinforman o alteran el objeto de la legislación vigente tildando a nuestra Provincia de ser”, al afirmar que santa Cruz es “‘el primer gobierno de la historia del mundo en prohibir, por ley, la protección de la naturaleza’”, a partir de lo cual “se confiere una connotación claramente maliciosa al real objeto de la Ley 3692”.

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Respecto del objeto de la Ley en sí - Santi sostuvo en su argumentación - se basa en “la necesidad de establecer una estrategia que permita determinar una convivencia armónica y sustentable entre la importante cantidad de áreas protegidas existentes en nuestra Provincia y cualquier tipo de actividad productiva”, estrategia que debe ser materializada “como una política de estado real y perdurable en el tiempo, plasmada en los planes de manejo y de común acuerdo con los propietarios de las tierras privadas que en algunos casos son preponderantes”.

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Finalmente, recordó que a través de la sanción de la Ley 3692, “se decidió legalmente frenar cualquier intento de avance por parte de fundaciones ambientalistas donatarias de tierras privadas con fines específicos, que por mas loable que parezcan los motivos en principio, y sobre el cual no nos oponemos, nos quitaban a los ciudadanos santacruceños la posibilidad de ejercer nuestro derecho constitucional de decidir sobre el manejo de nuestros recursos naturales estratégicos que se constituyen en ésas áreas prístinas de nuestra Provincia”, sentenció.