Polémica en Santa Cruz: buscan extender la ley que prohíbe crear áreas naturales protegidas

La polémica alrededor de la ley 3.692 que prohíbe crear áreas naturales protegidas en Santa Cruz dio un salto alarmante esta semana con la presentación de un proyecto de ley que busca extenderla por otro año.

El proyecto para tratar la prórroga fue impulsado por los diputados Carlos Santi (Por El Pueblo de Puerto Deseado) y Claudio Barría Peralta (Por El Pueblo de Gobernador Gregores); titular y suplente, respectivamente, del Instituto de Promoción Ganadera de Santa Cruz y pertenecientes a dos municipios fuertemente vinculados a la minería.

La ley 3.692 disparó numerosos cuestionamientos, todos devenidos desde el más profundo sentido común: ¿Por qué es necesario prohibir la creación de áreas protegidas, pero no las actividades agropecuarias y mineras, para realizar el inventario y el ordenamiento territorial? ¿En qué medida las áreas protegidas, que ocupan menos del 8% del territorio santacruceño, entorpecen la creación de un plan o la realización de un inventario? ¿Por qué el Consejo Agrario ve una amenaza en la creación de áreas protegidas, pero no en la explotación minera e hidrocarburífera? La lista de preguntas es larga y todas tienen respuesta, pero lejos de realizar un soliloquio, buscaremos visibilizar algunas cuestiones claves para un análisis en profundidad.

El impulsor detrás de la Ley

Primero lo primero. Algo que resulta clave aclarar, para entender mejor el trasfondo, es que Santa Cruz es la única provincia del país que tiene un ente mixto, compuesto por funcionarios del gobierno y dueños de tierras privadas, con el poder de decidir sobre la creación y administración de las áreas protegidas provinciales. Se trata del Consejo Agrario Provincial, creado en 1959, y desde el cual parten todas las polémicas generadas en torno a la ley 3.692 aprobada en diciembre del año pasado. De aquí se ramifican los metadiscursos que están poniendo en jaque la estabilidad ambiental de la provincia.

De acuerdo con el Boletín Oficial, el Consejo Agrario Provincial está formado por un directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo. Dos de los miembros representarán a los productores agropecuarios: uno por el capital y otro por el trabajo, que aseguran la participación de los productores de la provincia. Es decir, el gobierno de Santa Cruz dispuso de funcionarios que representan intereses de sectores privados para decidir, entre muchas otras facultades que se les asignan, si un área protegida se crea o no. ¿Por qué un ente mixto atravesado por intereses económicos tiene tamaño poder sobre el futuro de las tierras públicas de Santa Cruz?

Para exponer todas las voces, se intentó contactar a referentes del Consejo Agrario, que inicialmente se mostraron predispuestos a responder preguntas, pero al momento de hacerlo optaron por el silencio. Y en este caso, el silencio no es salud: resulta imperioso que la comunidad tenga respuestas y explicaciones frente a una problemática tan importante.

Argumentos flojos de papeles

Los argumentos por los cuales se pretende extender la ley por otros doce meses responden a que la pandemia demoró los plazos de trabajo, y consideran que durante el año próximo se podría cumplir con el Plan Estratégico y dar por culminada la emergencia rural declarada en la ley. Sin embargo, más allá de un 2021 incierto, por alguna razón estas consideraciones sólo aplican a la creación de áreas protegidas, pero no al resto de las actividades productivas de la región, como la minería, la explotación hidrocarburífera y la ganadería. Es evidente que estos tipos de producción son centrales en la agenda del Consejo Agrario, en cuya visión las áreas protegidas no son fuentes de trabajo ni de salud para las personas y para el ambiente.

Esta visión revela un conflicto entre el Consejo Agrario y la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz, de acuerdo con los comentarios del Secretario de Ambiente, Mariano Bertinat: "Las pujas entre sectores, sumado a fuertes procesos de desertificación y escasez de agua, acelerados por un cambio climático indiscutible, nos obligan a pensar en nuevas estrategias que permitan adaptarnos y potenciar las economías regionales mediante políticas sostenibles de largo plazo”.

En relación a la solicitud de prórroga de la ley 3692, Sofía Heinonen, directora ejecutiva de Fundación Rewilding Argentina, la organización que donó las tierras para la creación del Parque Nacional Patagonia en Santa Cruz, consideró que “Es inexplicable. No se entiende por qué se necesita prohibir por otro año la creación de áreas protegidas para el CAP poder hacer su trabajo. ¿En qué medida las áreas protegidas entorpecen la creación de un plan o la realización de un inventario, cuando no se cruzan en lo más mínimo con nada, y siendo que son tan pocos los parques provinciales que tiene la provincia?”

Como corolario de su visión, la conservacionista aseguró: “La ley para nosotros no tiene sentido. Frizar la creación de áreas protegidas es atentar contra el mecanismo que tienen los estados para asegurar los ecosistemas”.

Del CAP, sin respuestas

                A pesar de indagar por todos los rincones, no hallamos declaraciones públicas sobre este tema de ningún representante del Consejo Agrario Provincial. No obstante, sí existen argumentos expuestos durante la sesión de la Legislatura, de los diputados que apoyan esta ley.

El diputado Carlos Santi, del Frente de Todos, fue quien presentó el proyecto de ley por la prórroga de la 3.692 con el principal argumento que, producto de la pandemia, se demoraron los plazos de trabajo razón por la cual se necesitaría un año más para cumplir con el Plan Estratégico y dar así por culminada la emergencia declarada en la ley.

Remitiéndonos a hechos concretos, tras 9 meses de pandemia, la única actividad que se frenó en este sentido es la protección de la naturaleza. A la vez que el Consejo Agrario Provincial debió permanecer inactivo por la pandemia, otras actividades mantienen su actividad durante la cuarentena: entre ellas la minería, que en Santa Cruz opera entre un 60% y un 100% de su capacidad, la producción ganadera, y las obras edilicias de las mega-represas hidroeléctricas del río Santa Cruz, que destruirán para siempre al último río glaciar y salvaje de la Patagonia.

                Así las cosas, gracias a la mayoría parlamentaria del Frente de Todos, todo apunta a que la prórroga sea aprobada antes que finalice el año legislativo.

Palabras que valen más que mil imágenes

Sectores a favor de la ley que prohíbe la creación de áreas protegidas apoyaron un documental impulsado por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y que se estrenó días antes de presentar la prórroga. Se trata de "Proyecto Parque Patagonia", de Juan Dickinson.

“Llegamos a la región invitados por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) para exponer la situación y permitir que el público elija una de las dos partes”, comentó Dickinson en una entrevista en Radio Nacional.

El largometraje intenta exponer la grieta generada en torno a la formación del Parque Nacional Patagonia. En una rapsodia de voces contrapuestas, sobrevuelan discursos y frases que no reparan en ser sutiles y abonan una idea oculta. “Fueron 18 años de luchar para ganarle a la naturaleza”, declara en el documental una productora ganadera de Santa Cruz que se opone al parque y a la fundación que donó las tierras.

“¿Qué importa un pato? ¿Quién va a querer venir a ver un pato?”, cuestiona otra productora, haciendo referencia al emblemático macá tobiano, un ave endémica en peligro de extinción y cuyos sitios de alimentación se verán gravemente impactados por las mega-represas.

El documental recoge varios testimonios, a favor y en contra, de pobladores, funcionarios y políticos; va y viene, busca ponerse el traje de la imparcialidad. En un primer momento se muestra cómo un documental ambientalista, pero luego hace un viraje y comienza a titubear. Todos los caminos de este trabajo convergen en uno: plantar dudas.

¿Qué queda de todo esto?

Quedan cosas que no se dicen, ni se explican. Argumentos que dejan más dudas. Preocupaciones que se acrecientan y un ambiente lacerado por intereses económicos velados. Podríamos concluir esta nota con el siguiente corolario, que no deja mucho margen para especulaciones de ningún tipo: el organismo encargado de desarrollar las áreas protegidas en Santa Cruz, es el que impulsa una ley para prohibir crearlas.