Presunta adulteración de historias clínicas en un caso por violencia y acoso laboral

El caso se bifurcó, pero comenzó con un informe. Se dividió en denuncias penales  sobre el presunto abandono a adultos mayores de un hogar municipal y provocó maltrato laboral y acoso hacia la profesional que confeccionó y firmó aquel informe. También hubo denuncias. En este caso, las novedades continúan.

Como publicó TiempoSur, desde el 21 de julio, fecha en la que presentó el informe sobre el estado en el que encontró a ocho abuelos en el Hogar de Ancianos municipal de Gobernador Gregores, Alba Cáceres comenzó a sufrir persecución laboral, acoso y violencia en el Hospital.

Las autoridades del nosocomio -Dra. Ana María Pereyra (licenciada) y sobre todo el director Asociado, Gustavo Dreizler-, sobre quienes hay diversas denuncias presentadas (una ante el Ministerio de Trabajo de parte de ATE) comenzaron primero a impedirle el acceso a las historias clínicas de los 14 abuelos que residían en el hogar.

Después la prohibición se trasladó -sin ningún documento administrativo que lo avale- a todos los pacientes que asisten en el nosocomio.

El caso del hogar -publicado solo por TiempoSur- se convirtió en un efecto dominó. Todos los adultos mayores estaban vacunados, se contagiaron por COVID-19, pero fallecieron cuatro. Hubo dos denuncias penales, una, de un familiar de Ismael Morales, y la segunda, de parte de la propia Cáceres.

El Ministerio de Salud inició una investigación sumarial y hubo un allanamiento en el Hospital y Hogar de Ancianos dispuesto el pasado 14 de septiembre por orden de la jueza de Instrucción de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino.

Ahora otra vez debieron intervenir autoridades de la cartera sanitaria.

Fue en la reunión que mantuvo Alba Cáceres el pasado 28 de septiembre con Laura Beveraggi, subsecretaria de Acceso y Equidad en la Salud, y con Javier Flores, secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente.

"Desde que hice el informe y la denuncia sobre el estado en el que estaban los abuelos, los directivos, Dreizler y Pereyra ejercen violencia sobre mi persona, con acoso, persecución, en donde coartan mi libertad laboral", dijo Cáceres a TiempoSur semanas atrás. Ese era el motivo del encuentro, del cual surgió un acta firmada por ambos funcionarios.  

Allí se les comunicó no sólo el maltrato que sufre Cáceres sino también que el médico a cargo del Hospital habría alterado historias clínicas -del 13, 14 y 15 de septiembre-, que contenían observaciones de la Trabajadora Social.

La supuesta alteración, ilegal porque implicaría la falsificación de documentos públicos por parte de un funcionario público (Artículos 292 y 208 del Código Penal), fue denunciado por Cáceres esta semana.

Otro delito

“Flores y Beveraggi le habrían señalado a Cáceres que es un delito adulterar historias clínicas, algo que no se puede realizar al ser un documento del paciente,  dijo a TiempoSur, Iris Pereyra, presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de Trabajo Social de Santa Cruz.

Por esta situación, previamente este Consejo había enviado un requerimiento al Ministro de Salud, en el que informaron sobre “el atropello en el ejercicio profesional” a Cáceres. A la fecha, no hubo repuesta del Ministerio.

“Hay impedimentos en su ejercicio profesional, pero además existe una ley que regula esto, y por eso un Trabajador Social está habilitado para planificar, intervenir en una historia clínica, en donde la ley dice que el profesional puede plasmar, leer y utilizar la historia clínicas de sus pacientes. Todo esto se dijo en la nota enviada al Ministro”, recordó Pereyra, ya que Cáceres no podía acceder a las historias clínicas de sus pacientes.

 El Consejo se ofreció como mediador para que la situación de maltrato laboral no tomara mayores ribetes y fuera solucionado.

“No hubo respuestas, y cuando la citan, se habló con ATE, gremio que la representa para que la ayuden en el asesoramiento penal y civil, y Garzón se comprometió conmigo a brindarle el abogado”, contó Pereyra.

La responsable del Tribunal de Ética dijo que Flores “ninguneó a la colega, porque le negó el hecho de que ella pudiera escribir en una historia clínica, y la colega le mostró que las historias clínicas habían sido tachadas, pero Flores no le dio mayor importancia, solo lo hizo Beveraggi, que conoce que así es la labor de un Trabajador Social, pero Flores ignoraba la ley”, contó.

Pero Pereyra advirtió que se añade otra gravedad. “A pesar que Cáceres tiene audios de maltrato y amenazas (por parte de Dreizler) ninguno tomó cartas en el asunto, fue como si nada, tanto ATE como los funcionarios de Salud”.

Pereyra espera que Cáceres envíe un resumen de ese encuentro con los funcionarios, lo que se analizará y podrían incluso derivar en un viaje hasta Gobernador Gregores para encontrarse con el Director del Hospital.

“El Tribunal de Ética intentó hablar con Flores para explicarle el ejercicio del profesional, pero no nos dejó hacerlo, y nos ninguneó. Es una clara respuesta de alguien que no quiere escuchar”, advirtió.

La respuesta

Luego de las denuncias de maltrato, acoso laboral y presunta falsificación de historias clínicas, las autoridades dejaron plasmado las acciones a realizar en el siguiente escrito:

“En el día de la fecha, habiendo tomado conocimiento del conflicto laboral en el Hospital de Gobernador Gregores y en el Hogar de Ancianos y con la participación de miembros del Sindicato ATE y la Trabajadora Social Alba Cáceres, dependiente de dicho Hospital, nos comprometemos a cumplir las siguientes acciones a fin de subsanar el conflicto y generar un espacio laboral digno.

1) Visita al Hogar de Gobernador Gregores, con reunión de los profesionales involucrados.

2) Repaso del accionar conjunto en el Hogar de Ancianos de dicha localidad y con autoridades municipales.

3) Propuesta de misiones y funciones para el equipo de abordaje territorial

(Trabajadora Social y Agentes Sanitarios).

4) Acompañamiento de la propuesta de solución del conflicto con autoridades del Ministerio de Trabajo.

5) Diseñar estrategias seguras que impidan la violencia laboral

6) Nueva reunión de seguimiento y evaluación con miembros del Sindicato ATE y la Trabajadora Social Alba Cáceres”.