Santa Cruz| Que la planta no les tape el bosque

Haciendo un pequeño repaso por nuestras publicaciones policiales de los últimos meses, llama la atención el buen número de procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad de la provincia donde, más allá del hecho investigado en sí, se han visto atravesados por la presencia de autocultivo de marihuana. En mayor o menor cantidad, prohibido en nuestro país, aunque comienza a haber una aceptación generalizada con relación a sus propiedades medicinales.

Desde el invernadero hallado en la cabaña donde fue encontrado el cadáver del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez en Calafate, allá por el mes de julio; pasamos por dos denuncias de violencia de género que derivaron en allanamientos y secuestro de plantas, en un caso del barrio 400 Departamentos de nuestra localidad un total de 50 plantas, en el otro solo 2; en una causa de robo en Calafate el accionar policial llevó al secuestro de 12 plantas; en Caleta Olivia  “fueron por una fiesta clandestina y encontraron plantas de marihuana”; y sin ir más lejos el allanamiento del pasado día miércoles en nuestra ciudad donde encontraron tambien 15 plantas, mismo día que en Caleta los vecinos se encontraron con una planta en la esquina de avenida Tierra del Fuego e Independencia; todos hechos del último mes en la provincia.

Ante este panorama, en este primer abordaje, TiempoSur indagó con las asociaciones dedicadas a la promoción del cannabis medicinal, quienes hicieron una lectura de la situación.

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La opinión de APROCAM

Analía, integrante de la Asociación Provincial de Cannabis Medicinal (APROCAM), hizo hincapié en que la repitencia en los hechos se está dando “porque no se regula el uso”, y remarcó que por este motivo desde el espacio “creemos en su regulación y en una ley que favorezca el autocultivo, más allá del uso terapéutico o recreativo, ya que el buen estado de la salud mental es tambien de importancia en las personas, pero lo que está pasando es porque no está regularizado”.

Consultada sobre cómo los afecta esta exposición negativa al estar relacionado el autocultivo a hechos delictivos y cómo afectaría un allanamiento a los hogares de familias cultivadores o cultivadores solidarios, comentó: “En principio, nosotros ya trabajamos en un protocolo que es a nivel nacional de cómo tienen que resguardarse los usuarios de cannabis terapéutico”, y explicó que muchas de las asociaciones del país “trabajamos con donaciones de cultivadores solidarios, quienes nos proporcionan una parte de su cosecha para que nosotros podamos hacer los derivados que estamos entregando, por eso ahora lo que estamos viendo es la forma de proteger a este cultivador solidario porque está contribuyendo con el tratamiento de muchas personas o familias que por ahí no pueden cultivar”.

Aseguró que, si bien es aún un tema complicado, desde la asociación “nos encargamos de hablar con cada persona que desea cultivar para algún tratamiento, les explicamos qué problemas puede llegar a tener y cómo resguardarse a través de la certificación médica”, y cerró: “Lamentablemente va a seguir pasando esto hasta que no lo regularicen. Hay que legislar”. En este sentido vale la pena mencionar que ya avancen en la creación de una ley provincial y próximamente estarán en condiciones de entregar una ordenanza municipal. 

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La opinión de RED CASE

Otro grupo de la ciudad es el constituido por la Red Cultivar Amor, Salud y Esperanza (CASE). Hace varios años están trabajando en el arte de sanar con el cannabis, también entienden que la mejor forma de avanzar en un buen uso de la planta es la legislación. Jorge, uno de los vecinos que inició con este grupo y aún continúa, comentó que “se está tratando de poder regularizar esto, hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien, pero al no haber una regulación no se pude controlar”. En este sentido, comentó que a inicios de año trabajaron con el fiscal federal de Río Gallegos, el Dr. Zarate y algunos funcionarios, pero todo se detuvo por la pandemia.

A modo de opinión, el cultivador medicinal manifestó: “Tenemos que establecer parámetros y empezar a delinear quiénes están cubiertos por cuestiones medicinales y todo lo que tiene que ver con cultivadores solidarios, que lo utilizan de manera personal pero pueden ofrecer el aceite o plantas para ayudar a otros que no tienen la misma posibilidad o conocimiento. Cultivadores solidarios que no utilizan la cosecha para comercializarla”.

Ante la evidente siembra para la comercialización mediante narcomenudeo que se puede presumir en los últimos meses, Jorge fue claro al expresar: “A nosotros no nos perjudica. Si bien estamos dentro de la ilegalidad hoy con estas leyes también, no nos perjudica, nos sentimos cubiertos al estar conformados como asociación, nos cuidamos entre todos, sabemos que hay enfermedades específicas por las cuales lo necesitamos y no estamos realizando comercialización de esto. Queriendo ganar plata”.

Por último, señaló: “Yo puedo tener tres, cuatro, cinco plantas, hay dentro de la asociación gente que tiene hasta 15 plantas, pero siempre con este fin específico del tratamiento o ayudando a otras familias. Hay otro tipo de gente que busca otra cosa, por eso para nosotros es importante poder generar un registro, tenemos que ayudar al Estado a regularizar esta situación, nosotros directamente a la gente que tiene plantas y no anda en buenos pasos, lo descartamos de la asociación”.