Uruguay aprueba una ley de vanguardia para el bienestar de las personas trans

Por primera vez en la región, el país otorgará un resarcimiento económico a unas cincuenta mujeres trans que fueron víctimas de represión y acoso de agentes estatales desde el inicio de la dictadura, en 1973, y hasta 1989. Pero además, la ley contempla el bienestar de la comunidad trans de un modo amplio, con medidas que consideran su identidad legal, su salud física y mental y su inclusión en el mercado laboral.

A partir de su reglamentación —el gobierno tiene noventa días para hacerlo— las instituciones públicas y privadas deberán promover su inserción en los centros educativos y de salud.

El Estado les otorgó el uno por ciento de las vacantes en la administración pública y los entes privados que provean empleo recibirán beneficios fiscales. También habrá cursos de inserción laboral para esta población de 933 personas según el Primer Censo Nacional de Personas Trans de 2016.

Organizaciones LGBT en América Latina señalan que la expectativa de vida de una persona trans en la región es de 35 años, la mitad que la media. Sus oportunidades laborales también son menores. Según el censo uruguayo, siete de cada diez se prostituyeron ante la ausencia de posibilidades. Una tercera parte está desocupada. Y solo 23 por ciento tiene trabajo formal.

Con la nueva ley, el Estado incluirá a las personas trans en los programas de vivienda, ya que los conflictos familiares que surgen tras asumir su identidad suelen llevarlas al abandono del hogar. Una cuarta parte se va de casa a los 18 años, e incluso antes. “Hablamos de niñas, niños y adolescentes expulsados del hogar”, advirtió ayer el diputado Martín Couto, del partido de izquierda Frente Amplio, quien lucía el pañuelo amarillo distintivo de la campaña #LeyTransYa, al igual que sus correligionarios y algunos opositores.

En los centros educativos no les va mejor: 75 de 100 sufrieron acoso, señala el censo. Apenas nueve de 933 completaron la carrera universitaria y solo un tercio finalizó los primeros cuatro años de secundaria. Ahora el sistema educativo deberá garantizar su inclusión en cada nivel académico y habrá apoyo económico, psicológico y pedagógico.

Además, el Estado cambiará el sistema estadístico para reconocer la identidad de género en el papeleo público. El habitual binomio masculino/femenino de los formularios públicos se diversificará con las categorías mujer o varón trans.

La normativa prevé el cambio de género en los registros públicos con la sola voluntad individual. La legislación busca jerarquizar el derecho a la identidad. El oficialismo y las organizaciones sociales hicieron hincapié en este punto, con el argumento de que las personas trans no gozan de los derechos con la misma naturalidad que el resto de la ciudadanía.

Un ejemplo es el cambio de nombre en los registros: aunque la posibilidad de hacerlo existe desde 2009, es un proceso caro y engorroso que ahora se simplifica con la ley. En treinta días se podrá modificar la identidad y se conservará el número de cédula.

“A nadie le gusta verse de una forma y llamarse de otra. Nos va a ayudar a todos y todas las trans. El apoyo del Estado es importante”, dijo ayer Padyjeef, nombre artístico de una drag queen montevideana de 21 años que estaba sentada frente al Parlamento, mirando la sesión en una pantalla gigante junto a un centenar de jóvenes.

Salud trans: riesgos y dudas
La nueva norma prohíbe expresamente a las instituciones de salud menoscabar la atención y busca erradicar la discriminación en las prácticas médicas. Un 30 por ciento de las personas trans censadas dice haber padecido ese tipo de maltratos en los centros de salud. Hospitales, sanatorios y policlínicas tendrán protocolos de actuación y guías para un abordaje con equipos multidisciplinarios.

Los riesgos sanitarios para la comunidad trans son numerosos. Una cuarta parte se ha inyectado sustancias para modificar su apariencia. Entre ellas aceite industrial, que resulta sumamente nocivo.

Los prestadores de salud no harán cambios estéticos, pero controlarán el tratamiento hormonal y practicarán cirugías. El sistema de salud pública cuenta con protocolos de hormonización, pero las organizaciones LGBT denuncian que a menudo los privados niegan o dilatan el procedimiento.

La ley no habilita a los menores de edad a acceder a la operación de cambio de sexo, pero sí a hormonas que ralentizan el desarrollo del sexo biológico, siempre y cuando tengan la aprobación familiar. Si carecieran de respaldo, una junta del centro de salud podría solicitar el inicio del proceso en la justicia.

“Es bastante doloroso para un niño o adolescente sentirse diferente. Primero ser expulsado por su familia y luego por sus pares”, explica la médica y sexóloga Graciela Varín, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Varín confía en que la posibilidad de desarrollar esa identidad a través del tratamiento hormonal pueda mejorar esta situación.

A pesar de que la oposición criticó varios puntos durante el debate parlamentario, representantes de todos los partidos votaron la ley en general. El punto más controvertido de la discusión fue el de las hormonas para menores de edad y la decisión que los padres podrían perder ante la justicia.

Hubo referencias a la “ideología de género que daña a los niños”, como la del diputado Francisco Sanguinetti del Partido Nacional —agrupación política de centroderecha—, que también sostuvo que las personas “nacen con un sexo”. Varios opositores llamaron “privilegio” a la reparación económica de 300 dólares mensuales que recibirán cincuenta mujeres trans identificadas como víctimas de la represión durante la dictadura.

Esta violencia estatal fue revelada, entre otros, por el profesor Diego Sempol en su libro De los baños a la calle: historia del movimiento lésbico, gay, trans uruguayo. Para el académico de la Facultad de Ciencias Sociales, la ley “pretende avanzar en transformaciones institucionales. Es la mejor versión en un contexto regional adverso”.

Federico Graña, director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, fue uno de los principales promotores de la normativa. Entiende que permite equiparar derechos y auspiciar “una vida plena, con los mismos problemas que la mayoría por decirlo de alguna manera”.

Antonella Fialho, una mujer trans de 52 años que tiene problemas en los oídos como secuela de los golpes que recibió durante la dictadura, contó que su identidad, sumada a su inclinación de izquierda, hacía que fueran más perseguidas por los oficiales: “Éramos doblemente llevadas, por política y por nuestro trabajo sexual”, dijo.

Fialho confía en que ahora la ley cambiará una situación de inequidad: “No somos todos iguales, tenemos que empezar a ser todos iguales”, dijo.

Fuente: The New York Times español