Condena de hasta 13 años a líderes del proceso independentista catalán

El Tribunal Supremo español condenó el lunes a 12 ex políticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en 2017, en un veredicto que probablemente indignará a los partidarios de la independencia en la acomodada región nororiental.

La corte condenó al ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, tras uno de los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Ocho de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras un referendo ilegal de independencia, mientras que otros tres recibieron penas menores.

Aunque la fiscalía había pedido condenas por el más grave delito de rebelión, que según la legislación española implica el uso de la violencia para alterar el orden constitucional, finalmente los jueces condenaron a nueve acusados por sedición, lo que supone que fomentaron el desorden público para incumplir la ley.

La ex presidenta del parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio de prisión, mientras que los ex miembros del gobierno catalán Joaquim Forn y Josep Rull fueron sentenciados a 10 años y medio cada uno. Los activistas civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron penas de nueve años.

Por su parte, Junqueras y otros tres ex miembros del gobierno regional -Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años- recibieron otra condena por malversación de fondos públicos.

Otros tres miembros del antiguo gobierno catalán -Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó- fueron multados por desobediencia.

Grupos independentistas de base habían dicho que organizarían protestas y actos de “desobediencia civil pacífica” si cualquiera de los acusados era condenado.

Las autoridades españolas han desplegado cientos de policías adicionales en la región nororiental en previsión del fallo judicial.

La decisión judicial es otro hito en la larga campaña de los separatistas, que quieren separar a Cataluña de España y crear un nuevo estado europeo. El gobierno español reitera que no lo permitirá. La Constitución española establece la “indisoluble unidad” del país.

La iniciativa independentista fracasó al no encontrar apoyo internacional. El gobierno español intervino la autonomía de Cataluña y destituyó al gobierno regional. Más tarde, la fiscalía presentó cargos.

Los fiscales basaron su caso en el referendo del 1 de octubre de 2017, que el gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.

El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable. Sin embargo, el parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en varias décadas.

Siete líderes independentistas supuestamente implicados en los acontecimientos, incluido el destituido ex presidente catalán Carles Puigdemont, huyeron del país y están considerados como prófugos por el gobierno español.

“100 años de prisión en total. Una barbaridad”, tuiteó Puigdemont el lunes. “Ahora más que nunca, estaremos con vosotros y vuestras familias. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”.

Fuente: Infobae.