Boric descarta perdonar deudas de instituciones privadas de salud, en medio de temor de crisis

“No podemos validar como Gobierno que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las Isapres”, dijo Boric a la prensa, y agregó que quieren asegurar la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado, “pero cumpliendo la ley”.
Pese a su postura, Boric afirmó estar “disponible a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las Isapres, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema”.
“A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente, como el Poder Judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Suprema”, dijo el mandatario.
Durante la mañana, el expresidente Sebastián Piñera se había mostrado preocupado por la crisis de la salud privada y afirmó que “más de 3 millones de chilenos y chilenas” se podrían quedar “sin la atención” de este sector de salud.
Piñera dijo estar “de acuerdo con que se cumplan las leyes y se cumplan los dictámenes de la justicia”, pero de “forma realista” y no “a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud”.
En diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó a las Isapres dejar de aplicar tablas de factores que utilizaban para usar una establecida por la Superintendencia de Salud.
Las tablas de factores son un mecanismo para determinar los montos que un usuario paga en su plan de salud, en relación con sus factores de riesgo, como sexo y edad.
De acuerdo con el fallo, las diferencias de precios cobrados por las Isapres en su tabla de factores son de más de 1.400 millones de dólares, obligando a las Isapres a pagar el monto a sus afiliados en un plazo de seis meses.

En esa línea, el Gobierno presentó un proyecto de ley llamado Ley corta de Isapres, para que las instituciones cumplieran el fallo sin colapsar el sistema.
Esta legislación establece un plazo de seis meses para planificar la devolución de los montos, como también que los controladores, dueños o accionistas de las Isapres no puedan retirar sus utilidades hasta que la deuda no sea pagada en su totalidad.
El lunes, la Asociación de Isapres de Chile envió un comunicado categorizando como “un engaño” la propuesta del Gobierno y aseguró que conduce “por la fuerza a un monopolio estatal del acceso a la salud de todos los chilenos”.
Al respecto, la oposición chilena presentó un proyecto de ley alternativo para resolver el fallo de la Corte Suprema, que fue aprobado el lunes por la Comisión de Constitución del Senado.
Este proyecto alternativo permite que las Isapres puedan recalcular los precios bases de los planes suscritos antes de abril 2020, con el fin de que el precio final por contrato sea lo más similar al valor que el cotizante estaba pagando a la fecha, lo que provocaría que los excedentes a devolver sean menores e incluso nulos.
El proyecto alternativo de la oposición fue presentado por cinco senadores, entre ellos Javier Macaya y Francisco Chahuán, que según el medio chileno Interferencia recibieron financiamiento para sus campañas de directivos de Isapres.