Familia del candidato asesinado en Ecuador denuncia a Gobierno y Policía por no protegerlo

El abogado Marco Yaulema explicó que Villavicencio había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas, por lo que debía tener un mayor esquema de seguridad el 9 de agosto, cuando un sicario le disparó a la salida de una escuela de Quito.

Yaulema responsabilizó de su desprotección al presidente Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata; al comandante de la Policía, el general Fausto Salinas; y al jefe de Inteligencia, Manuel Samaniego.

Villavicencio "estaba amenazado por las mafias y todos lo sabían, todo el Estado lo sabía", advirtió en conferencia el abogado, para quien el asesinato se vio facilitado por las fallas en el operativo de seguridad.

Un video registró el momento en el que el candidato del Movimiento Construye sube por la parte derecha a una camioneta sin blindaje y, desde el otro costado, un sicario colombiano le dispara dos veces en la cara y otra en la cabeza.

El atacante intentó huir antes de caer abatido por guardaespaldas del político.

La familia juzga que el número de custodios de Villavicencio no era el adecuado y denuncia que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.

Poco después de que fuera presentada la demanda, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso rechazó las imputaciones de la familia del candidato y aseguró que desde el primer momento puso en marcha todos los mecanismos para que la investigaciòn avance y sean encontrados los autores materiales e intelectuales del crimen, e incluso se solicitó ayuda a la agencia federal de investigaciones e inteligencia de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés) para agilizar la investigación.

"El Gobierno Nacional expresa su total rechazo a las denuncias presentadas tanto por una parte de la familia de la víctima como por un candidato a la Asamblea Nacional, y solicita que no se politice el caso y se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones y llegue a una verdad procesal", dice un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno.

"Para el Gobierno Nacional es inaceptable que se considere que la actuación del presidente de la República, del ministro del Interior y del comandante general de la Policía Nacional, en cuanto a la seguridad de Fernando Villavicencio, fuera "premeditada" con el objeto de "dejar en el abandono a un candidato Presidencial", agrega el comunicado oficial.

Pero Yulema aseguró al anunciar la denuncia que "no existió absolutamente nada (de seguridad); estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República".

Christian Zurita, también periodista y mejor amigo del difunto, lo reemplazará en la fórmula presidencial para la primera vuelta del domingo.

Juntos destaparon varios de los escándalos de corrupción más sonados en el país y revelaron los supuestos vínculos de la fuerza pública con narcos y pandilleros.

El abogado recalcó que Villavicencio hizo más de 200 investigaciones y publicó 11 libros, por lo que su vida corría peligro.

El gobierno y los mandos policiales son responsables por "omisión dolosa", dijo. Y agregó: "No puede ser posible que un periodista, que una persona que denunció los más grandes casos de corrupción en el país, no haya tenido resguardo".

El martes, un postulante a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el movimiento Amigo, Edison Carrillo, ingresó a la Fiscalía de Estado una denuncia similar contra Lasso, Zapata y Salinas por el presunto delito de “omisión dolosa”.

En ese documento también pidió que se investigue la actuación de la Policía, por haber llevado a uno de los presuntos sicarios heridos a la unidad de flagrancia, en vez de a un hospital.