OEA: En Guatemala los poderes del Estado se comprometieron a garantizar el balotaje

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó este jueves que los poderes del Estado de Guatemala se comprometieron a garantizar la celebración del balotaje presidencial entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo el 20 de este mes y que el ganador será investido el 14 de enero de 2024.

Almagro hizo esa declaración al presentar ante el Consejo Permanente de la OEA el informe de la visita a Guatemala de una misión del organismo que él encabezó la semana pasada.

"Esta misión logró el compromiso de todos los poderes del Estado, que la segunda ronda se realizará el 20 de agosto, que la segunda ronda será entre los binomios encabezados por Sandra Torres y Bernardo Arévalo; tenemos el compromiso de que al ganador de esa segunda vuelta se le entregará el poder el 14 de enero", sostuvo Almagro en un discurso en la sesión extraordinaria del organismo regional publicado en Twitter.

"Como OEA, además, se nos ha invitado a participar en el proceso de transición hasta el 14 de enero" en el marco de la Misión de Observación Electoral (MOE) pero "con especialistas políticos", dijo, convencido de que la misión ha infundido "calma" y mitigado los ánimos.

"Se ha ofrecido a los dos candidatos seguridad, especialmente cuando se supo que el candidato Bernardo Arévalo podría estar en peligro", agregó Almagro, que viajó del 1 al 4 de este mes a Guatemala por invitación del presidente Alejandro Giammattei.

"Se dice que a Arévalo no se le dejará asumir, pero yo sí le traspaso el poder en caso de que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) diga que ganó, lo mismo vale para la candidata Sandra Torres", dijo Giammattei, según el diplomático uruguayo.

Arévalo denunció una persecución política después de que un juez, a pedido de la fiscalía, ordenara la suspensión de la personería de su partido, Semilla, por supuestas ilegalidades.

Este pedido, que no fue acatado por el tribunal electoral, se consideró un intento de entorpecer su participación en la segunda vuelta.

Almagro criticó "la excesiva judicialización durante los procesos electorales", que "es común en Guatemala" y que "ha sido utilizada para atacar e intimidar".

Agregó que "cuando eso ha ocurrido ha sido acompañado por una campaña fuerte en los medios sociales, a veces con mensajes violentos para los amenazados".

"Las campañas presidenciales también han estado marcadas por el crimen organizado, si bien esta elección fue menos violenta que otras, al crimen organizado les interesa las elecciones a nivel nacional y local, les interesa toda la inmunidad que puedan obtener", afirmó el uruguayo.

En las elecciones del 25 de junio pasado, Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exesposa del fallecido exmandatario Álvaro Colom, sumó 15,86% de los votos y Arévalo, del Movimiento Semilla e hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo, 11,77%.

La actual crisis en Guatemala comenzó después que el Ministerio Público anunciara una investigación al Movimiento Semilla por presunta falsificación de documentos, y el fiscal Rafael Curruchiche pidiera la suspensión de su personería jurídica.

Un juzgado penal hizo lugar a la medida solicitada por Curruchiche, lo que en principio puso en duda la participación de Arévalo en el balotaje.

Pese a que el TSE avaló los resultados de los comicios de junio, y la Corte de Constitucionalidad amparó a Semilla, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realizó una serie de allanamientos de instalaciones, en medio de denuncias de violaciones del debido proceso.

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En respuesta, el TSE presentó un recurso judicial en el que solicitó a las instituciones del Estado garantías para la realización de la segunda vuelta el 20 de agosto.

En esa presentación, el TSE apuntó contra la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Corte Suprema, entre otros organismos.

La investigación de la Fiscalía es considerada en el país y en el exterior como un pretexto para sacar del balotaje a Arévalo.

Curruchiche fue incluido en 2022 por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en "actos corruptos y antidemocráticos", a quienes se les prohíbe ingresar a esa nación.