Comenzaron a rotular los alimentos distribuidos por la Provincia

La concejal Daniela D´Amico explicó cómo esta medida fue una respuesta directa a denuncias previas realizadas por vecinos sobre la venta ilegal de alimentos destinados a comedores y personas en situación de vulnerabilidad. "La implementación de este rótulo es muy favorable. Después de lo ocurrido con el escándalo de la venta de alimentos, es una forma de aclarar que estos recursos están destinados a los que menos tienen, y que no deben ser comercializados", expresó.

En cuanto al impacto de la resolución, la edil señaló que, aunque el rótulo ya está presente en algunos productos del Ministerio de Desarrollo Social, la esperanza es que se extienda a todos los alimentos distribuidos: "Nos gustaría que esta medida se aplique de manera integral, sobre todo a todos los víveres que se entregan desde Desarrollo Social. Es clave que se aclare que la comida no puede ser vendida, porque, como nos han contado los vecinos, había productos que terminaban en los comercios de la ciudad", relató con preocupación.

(Foto ilustrativa)

Recordó el escándalo que generó la venta de alimentos públicos, que involucró a la ex ministra de Desarrollo Social, Machiavelli y que aún está siendo investigado por la justicia. "La denuncia está judicializada, hemos aportado pruebas y ahora es el juez quien tiene que determinar si hubo delito o no. Sabemos que la comida estaba decomisada, y se realizaron allanamientos en comedores. Todo esto tiene que ser aclarado", afirmó.

Sobre el tema, destacó la falta de rendición de cuentas en el ámbito político: "Lamentamos que la Cámara de Diputados no haya requerido explicaciones a la ex ministra. Sabemos que ella sigue ocupando cargos provinciales, lo cual nos deja muchas preguntas sobre el manejo de estos recursos", indicó.

Mira Tambien

Acuerdo en la Paritaria Municipal: aumento y cláusula gatillo

Explicó que, tras tomar conocimiento de los hechos, se presentó la denuncia con pruebas contundentes, como actas de decomiso de los alimentos y registros de las entradas y salidas de los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social. "Nosotros hicimos la presentación judicial con todas las pruebas pertinentes, inclusive solicitamos al diario de Bromatología que nos entregue informes sobre la comida decomisada, y las actas de los distintos inspectores de comercio". Además, comentó que se realizaron allanamientos en comedores donde se había detectado la presencia de alimentos vencidos, lo que evidenció aún más la magnitud del escándalo. “Fueron los mismos vecinos los que nos acercaron esta información”.

"El juez tiene que evaluar si realmente hubo un delito. Nosotros presentamos todas las pruebas y ahora está en manos de la justicia", aseguró.

"Lo que está en juego aquí no es solo la responsabilidad de una persona, sino también el bienestar de los vecinos, quienes nos informaron sobre la venta de estos alimentos. Debemos ser claros en que esto afecta a la salud pública y a quienes realmente necesitan esos recursos", sostuvo.

Por otro lado, la edil se refirió a la posible adhesión de Santa Cruz al régimen impositivo a grandes inversores (RIGI). En relación con este tema, expresó su preocupación por la falta de control y las condiciones pactadas en los acuerdos: "Nos genera dudas que se entreguen recursos por más de 30 años con pocos beneficios reales para la economía santacruceña. Si bien la inversión es bienvenida, debemos ser cautelosos al ceder parte de nuestra soberanía sin garantías claras", argumentó.