Nuevos desafíos a 35 años de la Convención de los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño, es un documento compuesto por 54 artículos, que incluye los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y niñas de 0 a 18 años. Indica que la infancia es una etapa especial que amerita protección y durante la cual se debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el derecho a crecer, aprender, jugar, desarrollarse y prosperar con dignidad.

Este documento ha sido ratificado por más de 190 países. Su aplicación es obligatoria para los gobiernos que la han ratificado, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.

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Todas las acciones deben estar guiadas por el interés superior del niño y la niña, el principio que debe servir de norte al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, con la meta de que cada niño, niña y adolescente pueda alcanzar todo su potencial. La Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional tras el Pacto de Olivos. Desde entonces el Estado argentino está obligado a garantizar todos los derechos establecidos en la Convención a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 establece la aplicación obligatoria de la Convención, aunque en la actualidad se plantean nuevos desafíos y cambios de paradigmas que invitan a repensar la ley en nuestro país. 

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Este año, la senadora nacional, Natalia Gadano, ha comenzado a trabajar en un proyecto, el cual será presentado en el Congreso Nacional, para modificar la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La ley cumple 20 años y, para Gadano, “es necesario hacer una modificación por los tiempos que corren”, además entendiendo que “tenemos una deuda pendiente con los chicos”, ya que “todos tenemos que trabajar en el mismo sentido para garantizar un Estado presente y leyes más duras para quienes van en contra de sus derechos”. 

“La protección efectiva de los chicos no está garantizada y tenemos muchos ejemplos a nivel país”, expresa. 

Dentro de lo que es la modificación de la ley 26.061, se proponen tres nuevos incisos sobre el artículo 27 en los que se busca proteger al menor estableciendo garantías mínimas de procedimientos judiciales o administrativos mediante la revinculación inmediata, la conservación con el vínculo familiar ampliado y la nueva figura del psicólogo forense.

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Respecto a esta celebración, TiempoSur habló con Marcos Barria, integrante del Rotary Huari, presidente del comité de empoderamiento de niños niñas y adolecente y comité de ciber riesgo, además de licenciado en criminalística. A modo de opinión remarcó que este nuevo año “nos encuentra hoy en un estadio donde quedan cosas para seguir construyendo en infancias y adolescencia en todos los derechos con los que tienen que contar”, y amplió en este sentido, que desde la institución “hace tres años trabajamos en un proyecto que es visibilizar concientizar y prevenir”

“Debemos bregar para garantizar la no violencia y que su bienestar pueda ser acorde a los tiempos que estamos viviendo. Se ha avanzado en la república argentina a raíz de esta ley 26.061, pero se debe mejorar”. 

Por otro lado, a la respuesta social: “La temática de la infancia y adolescencia en la práctica que yo llevo, visibilizó que hay un compromiso social, de encuentro a la escucha, de participación de la sociedad en estos temas sensibles. La responsabilidad ciudadana sirve para crear sociedades libres de violencia y hay un compromiso de la sociedad”.