42 Millones de pesos para la ampliación del dispositivo penal juvenil provincial

En materia penal juvenil, la articulación y confluencia de los esfuerzos por parte del Gobierno provincial y el Gobierno nacional es el camino planteado para lograr un sistema de justicia penal juvenil respetuoso de los derechos humanos. “Es nuestro compromiso, en la generación de políticas públicas, promover el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad con los estándares internacionales de protección de derechos humanos, y que las medidas de privación de libertad sean verdaderamente excepcionales, existiendo una oferta amplia de medidas alternativas”, le dijo a TiempoSur, la secretaria de estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Cruz, Silvana Hevia, quien la semana pasado recorrió junto a autoridades judiciales las instalaciones del penal juvenil provincial de Río Gallegos, para analizar y definir los trabajos en torno a las tareas de ampliación que atravesará el edificio .

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En este sentido, adelantó que “esta nueva obra de infraestructura tiene como objetivo central el reconocimiento de los derechos reconocidos en la convención de los derechos del niño en consonancia con la normativa vigente, Ley Nacional 26061 y Ley Provincial 3062”, y amplió: “Cuenta con una inversión total de casi 42 millones de pesos, conformado por fondos nacionales y provinciales”.

La ampliación edilicia permitirá disponer de un dispositivo penal juvenil provincial de modalidad mixta. El proyecto, presentado justamente por la Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, permite “garantizar espacios accesibles y respetuosos de los derechos de cada adolescente, considerando sus particularidades, diferencias y necesidades”, expresó la funcionaria al remarcar: “Esta mirada con perspectivas de derechos, va a permitir adaptar las instalaciones para alojar a adolescentes varones, mujeres y género percibido”.

Vale la pena mencionar que la obra ya ha comenzado, desarrollando la limpieza del terreno y retiro de escombros, producto de los 2 incendios que ocurrieron en ese espacio. La obra tiene un plazo estimado de 150 días.

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En otro tramo de la entrevista, Hevia resaltó que “en materia penal juvenil no solo se desarrolla una obra de infraestructura, sino que permanentemente se desarrollan políticas públicas con el objetivo de garantizar los derechos de adolescentes que actualmente interactúan con el sistema penal. En este marco estamos próximos a la firma de un convenio entre la Secretaria de Niñez Nacional, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que tiene por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, en el marco de sus respectivas competencias, por medio del cual se implementarán procesos de asistencia técnica a efectos de impulsar políticas públicas tendientes a consolidar prácticas ajustadas a los estándar internacionales en el ámbito del sistema penal juvenil”.

Las acciones conjuntas serán: fortalecer y crear dispositivos ajustados al principio de especialidad; fortalecer la intervención técnica especializada y estrategias de abordaje que garanticen la accesibilidad de derechos para las y los adolescentes incluidos en dispositivos penales juveniles; y robustecer las políticas destinadas a mejorar las condiciones de acompañamiento al momento del egreso del sistema penal juvenil, entre otras.