Los operativos se efectuaron el fin de semana pero transcendieron en la jornada de ayer.Engañadas con la ilusión de conseguir trabajo fuera de Chaco, 20 mujeres aborígenes, algunas menores de edad, fueron mantenidas en cautiverio en distintas provincias del país obligadas a ofrecer servicios sexuales. Si se negaban, eran castigadas.La red de trata de personas fue desmantelada en un amplio operativo en Chaco, Córdoba, Buenos Aires y Santa Cruz.Al respecto, TiempoSur dialogó con el sub comisario Carlos Aníbal Ruiz, segundo jefe de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal, quien confirmó “estuvimos colaborando con la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina con asiento en Buenos Aires, fueron una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de la localidad de Presidencia Roque Sanz Peña, en la provincia del Chaco”. La causa está a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.El Sub Comisario remarcó que la investigación se originó en la provincia del norte del país y “nosotros prestamos colaboración a la División Trata de Personas”.Los operativos se efectuaron en forma simultánea en horas de la madrugada del sábado.En esta capital se realizaron en tres bares, dos de ellos ubicados en la calle Corrientes al 600 y 800, el otro en Vélez Sarsfield al 900.Según la información de medios nacionales, en uno de los locales nocturnos de esta ciudad se “mantuvieron cautivas a las jóvenes de Chaco”. Pero ante esa información, Carlos Ruíz afirmó que en Río Gallegos “por el momento en los procedimientos no hubo víctimas rescatadas”.En los tres operativos llevados adelante en esta capital, se habría secuestrado documentación de interés para la causa.RescatadasLas mujeres, todas jóvenes y muchas de ellas adolescentes, “son en su mayoría de la comunidad toba, analfabetas y extremadamente humildes”, explicó el comisario Jorge Fernández de la Policía Federal, quien encabezó los procedimientos.El Comisario dijo que las chicas “eran rematadas entre los proxenetas por valores de entre 300 y $ 500”.El comisario Fernández indicó que la investigación "comenzó hace siete meses, en relación con la situación de dos de las jóvenes", ahora liberadas.El jefe policial explicó que "la buena acción del Juzgado y las pesquisas" permitieron establecer el paradero de las dos personas buscadas y descubrir una organización que funcionaba en el Chaco, donde captaba jóvenes indígenas con falsas promesas de trabajo”."Cada uno de los componentes de la red cumplía un rol específico” explicó y detalló que "había captadores, pasadores, transportadores, colocadores y ablandadores”, éstos últimos encargados de violar a las víctimas para quebrarles la voluntad y someterlas. Fernández explicó que en su mayoría "las víctimas pertenecían a la comunidad toba radicada en las inmediaciones de la localidad chaqueña de Castelli", donde "las captaban, sometían sexualmente y luego llevaban a la ruta, un punto en el que las entregan a los proxenetas por montos que oscilaban entre 300 y $ 500", puntualizó.Las víctimas eran trasladadas luego a distintos puntos del país.Los procedimientos se realizaron en la localidad chaqueña de Juan José Castelli, en las localidades de Villa Azcazubi y Berrotarán de Córdoba, en la ciudad bonarense de Tandil y en Río Gallegos.DetenidosDurante los procedimientos realizados en las cuatro provincias por detectives de la División Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quedaron detenidas 12 personas  y fue secuestrada numerosa documentación, celulares, libretas con nombres de las muchachas y de los clientes, facturas comerciales, mapas, documentos y pasajes de ómnibus que involucra a los acusados en una red de "trata de personas”.El relato de los informantes es estremecedor. Según describieron, el modus operandi de la banda constaba en captar a las jóvenes con falsas promesas de trabajo como niñeras, mucamas, atención de enfermos o comercios, para después trasladarlas engañadas a otros puntos del país y someterlas a cruentas obligaciones que podían derivar en salvajes torturas como ser golpeadas, quemadas con colillas de cigarrillos y días sin comer si no cumplían con la orden.Las jóvenes quedaron a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependientes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que junto con personal de la Dirección Nacional de Migraciones colaboró con la Policía en el operativo.Fuente: TiempoSur, Agencias de Noticias y Medios Nacionales.
