Reclamo por la tardanza en el resultado de la Cámara Gesell realizada a las niñas

“Respeto el aislamiento y cumplo en estar en mí casa! Pero cuesta tanto darte los resultados de la cámara gesell si guardia del juzgado están trabajando! Los resultados tendrían que habernos entregado hace una semana ya y nada, y esta porquería sigue libre como si nada. Y yo con la ansiedad y angustia encerrada sin saber que va a pasar”, escribió ayer en su cuenta Roxana, madre de una de las niñas (9) que denunció presunto abuso sexual por parte del ex edil Emilio Maldonado.

A esta niña y la segunda niña (13) cuya madre hizo la misma denuncia una semana después, les realizaron la Cámara Gesell el pasado 8 de julio.

El 16 de julio debía realizarse la pericia psicológica a Maldonado.

Pero ni lo anterior ni el informe de las niñas fueron concretados debido al brote casos de Coronavirus en Río Gallegos.

El Tribunal de Justicia dictaminó primero que no debían asistir a sus puestos laborales los empleados dentro de los grupos de riesgo. Luego decretó la feria judicial hasta el 2 de agosto.

“Estamos bastante decepcionados porque venía todo tan bien y con esto se retrasó más. Entiendo que las familias están con ansiedad y piden que se haga justicia y sobre todo se avance”, precisó a TiempoSur el Dr. Máximo Ulloa, quien patrocina a la mamá que presentó la segunda denuncia el pasado 27 de junio.

“Cuando pregunté, el expediente estaba en el sector de pericias para resolver, ni siquiera estaba en el Juzgado. Es decir, todavía no hicieron el informe”, precisó.

Sin colegio

Este caso, dijo el letrado, es un ejemplo de la necesidad de que exista un Colegio de Abogados. “Desde afuera ejerciendo de forma privada, no teniendo un colegio hoy en la provincia no está afectando mucho”, advirtió.

Añadió que “no hay voluntad política” para que esto sea aprobado por el Frente de Todos. “Hoy es el Frente de Todos, en donde no solo hay kirchneristas porque es un frente. En su momento los proyectos fueron presentados cuando estaba el Frente Para la Victoria”, destacó.

Resaltó que existen cuatro proyectos en la legislatura provincial, el último presentado a fines de 2019. “Vemos la falta que nos hace y lo fundamental que es, pero no creo que esté en agenda porque estamos con otras prioridades”, señaló Ulloa quien es además vicepresidente de la Asociación del Colegio de Abogados, que preside el Dr. Matías Solano.

“Con un colegio podríamos tener otro tipo de peso y fuerza para los reclamos con cosas que son esenciales y deberían estar funcionando y no dejarnos en pausa de todo”, remarcó.

También el abogado apuntó que los proyectos presentados no contaron con el consenso de las asociaciones de abogados de Santa Cruz. “Jamás fuimos consultados y quizás eso tenga que ver en la voluntad de tratarlo. Son armados entre cuatro o cinco personas. Nunca nos preguntaron nada”, reclamó.

Expediente digital

Ayer la Asociación de Abogados de Río Gallegos cursó una nota al Tribunal Superior de Justicia para reclamar nuevamente la implementación del expediente digital, para lo cual realizaron una petición por medio de la plataforma Change.org. 

“Se resaltó que en la Justicia Federal de Río Gallegos se ha levantado la feria extraordinaria que fuera decretada producto del COVID-19 y se está funcionando actualmente sin inconvenientes implementando un sistema de funcionamiento cuyo eje esencial es el expediente digital, evitándose como regla la concurrencia de letrados a los Juzgados, como así también reduciendo la cantidad de personal que presta servicios de modo presencial”, señaló la AARG.

“Entendemos que el TSJ debe darle una pronta solución al problema, pues ha quedado claro que la emergencia sanitaria por el COVID-19 está lejos de superarse y debe garantizarse a los justiciables la tutela efectiva de sus derechos, lo cual no se encuentra a la fecha asegurado con las modificaciones parciales realizadas. Han pasado más de 4 meses desde que la actividad judicial se viera restringida por la crisis sanitaria, por lo se ha contado con tiempo suficiente para adoptar las medidas tecnológicas para la implementación del expediente digital, único mecanismo que en este contexto puede asegurar el adecuado funcionamiento del poder judicial”, dijeron y marcaron que “cobra una especial urgencia el avance en este proceso el evaluar que la solución a la problemática sanitaria será a largo plazo, resultando incompatible con la vigencia del Estado de Derecho el mantener el servicio de justicia cerrado, o limitado seriamente en sus funciones a causas “urgentes” o como “excepción”, pues es ínsito al sistema republicano de gobierno la existencia de un poder judicial activo y presente como normalidad y no como excepcionalidad, por lo cual solicitamos la urgente implementación del expediente digital”.