Fiscales de Santa Cruz adhirieron al Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual
Se sumaron Corrientes, Catamarca, Córdoba y Chaco y son cinco las provincias que durante 2024 comenzaron a utilizar el documento en su actividad investigativa y de litigio, y para la capacitación a sus miembros.
Los ministerios públicos fiscales de Corrientes, Catamarca y Santa Cruz adhirieron al Potocolo de Investigación y litigio de casos de violencia sexual elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y se sumaron a Chaco y Córdoba, con lo cual son cinco las provincias del país que lo incorporaron durante 2024.
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En efecto, el fiscal general de la provincia de Corrientes, César Sotelo, adoptó la decisión mediante Resolución 43/24 y el procurador general de Catamarca, Tristán Lobo, por Instrucción General 7/24, mientras que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Daniel Mariani, adoptó una resolución que se incluyó en el Registro 54, Folio 86/163, del Tomo CCXXXV de decisiones de ese tribunal.
La adhesión de estas tres provincias fue impulsada por la propuesta presentada en las XI Jornadas Nacionales de Violencia de Género por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina -del que forman parte los ministerios públicos de estas provincias-, que tiene el objetivo de dar cumplimiento al estándar internacional de la debida diligencia reforzada.
En este marco, los titulares de los ministerios públicos provinciales involucrados instruyeron a las/os integrantes de sus organismos para incorporar el uso de este protocolo a sus investigaciones por casos de violencia sexual y propusieron la programación de capacitaciones de manera conjunta con otras dependencias del sistema de justicia.
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El Protocolo elaborado por la unidad fiscal especializada a cargo de la fiscala federal Mariela Labozzetta había sido aprobado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en abril del 2023 mediante la Resolución PGN 16/23 y tiene como objetivo establecer pautas para asegurar la incorporación de la perspectiva de género desde el inicio de las investigaciones y a lo largo de todo el proceso penal, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.