La fiscalía calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca anticipó que el lunes próximo pedirá el máximo de la escala penal previsto en cada caso para los 35 imputados en el juicio conocido Megacausa Zona V, en el que se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 321 víctimas.

En la última audiencia de su alegato, realizada el 26 de septiembre, donde adelantó cómo sería el petitorio, el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y por los auxiliares fiscales Paula Daniela Molini y Pablo Vicente Fermento- calificó los secuestros, torturas y asesinatos analizados en el juicio como constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de genocidio.

En ese contexto, la fiscalía puntualizó la calificación de los casos padecidos por dos víctimas mujeres como abusos sexuales y de otros tres hechos como violación, por los que había llegado por la vía recursiva hasta la Cámara Federal de Casación para que convalidara la acusación ampliada durante el debate. Sostuvo al respecto que la violencia sexual formaba parte del plan sistemático criminal, y que la configuración de los delitos debía analizarse desde el punto de vista de la afectación a la integridad sexual de las víctimas.

Los representantes del MPF marcaron que “el estado de existencia de la mujer, desde que era secuestrada hasta su liberación o muerte, constituía una absoluta supresión de su ámbito de autodeterminación sexual y una situación de cosificación extrema, en donde no ejercía ningún dominio sobre su cuerpo, el cual era vestido, desnudado, accedido, higienizado o abandonado, según la voluntad y el deseo de los secuestradores, guardias y torturadores”.

El debate oral, que inició el 17 de febrero de 2022, aborda el entramado criminal encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca. En el proceso oral y público se desarrollaron 111 audiencias, en las que declararon 189 testigos, y se realizaron otras medidas probatorias, como las inspeciones oculares en la Unidad Regional V de la Policía bonaerense y el Batallón de Comunicaciones 181.

Medidas reparatorias

A más de nueve meses de iniciado el alegato -la audiencia inicial fue el 25 de marzo- en los que expuso la prueba de los casos y el contexto en el que ocurrieron, la fiscalía solicitó que la sentencia incluya medidas que apuntan “a complementar la función simbólicamente reparadora de la pena, frente a la ausencia de reparación material y moral posible”.

En tal sentido, peticionó que la parte resolutiva de la sentencia se publique en el diario local “La Nueva”, en un lugar destacado y visible, para que la sociedad bahiense se pueda enterar de la verdad histórica de los hechos.

Al respecto, indicó que “en el debate quedó ampliamente acreditado la forma en que el diario La Nueva Provincia manipuló los hechos ocurridos en la ciudad de Bahía Blanca, y el modo en que las víctimas fueron presentadas como los criminales más abominables y peligrosos, y como el mayor enemigo de la sociedad, y así quedaron plasmadas en ese registro histórico aún predominante que es el diario”.

En este sentido, resaltó que “el derecho a la verdad histórica también le pertenece a la comunidad y, hoy en día como en aquellos años, La Nueva Provincia continúa siendo el principal –y prácticamente el único– registro crónico de la región, al que tienen acceso los ciudadanos”.

Por otra parte, solicitó que –a fin de proveer a una respuesta adecuada respecto del destino de los desaparecidos en el ámbito del Comando del V Cuerpo del Ejército y del  Batallón de Comunicaciones 181– se ordene el inicio de una investigación sobre la existencia de lugares de enterramiento clandestino en los terrenos de ambas unidades militares.

El pedido estuvo fundado en que, durante el debate, se reunió evidencia sobre la existencia en esos terrenos de un horno de ladrillos, lo cual coincidió con la declaración de un testigo acerca de que los restos de una de las víctimas desaparecidas habrían sido incinerados allí y con distintas referencias testimoniales a la desaparición de cuerpos en esa jurisdicción militar. 

Acusados

En el juicio están acusados como coautores de distintos delitos de lesa humanidad:

• Los integrantes del Comando del V Cuerpo de Ejército Mario Horacio Torres, quien revistaba como jefe del Departamento III; Osvaldo Bernardino Paéz, quien se desempeñó como oficial de Estado Mayor;  Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Aníbal Masson y Jorge Horacio Rojas, quienes formaron parte del grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”; Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal, quienes cumplieron funciones en el Departamento II de Inteligencia; y Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Victor Raúl Aguirre, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 181.
• Los profesionales de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes –para la acusación– realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Mientras que Adalberti se desempeñó en el Hospital de Evacuación 181, Bonini cumplió funciones como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística, del Comando V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.
• Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen, Desiderio Andrés González y Raúl Artemio Domínguez, quienes formaron parte de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y están imputados por haber cumplido servicio como guardias de “La Escuelita”.

• Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Alberto Daniel Rey Pardellas, José Antonio Maidana, Ricardo Claudio Gandolfo, Raúl Esteban Andrés, Enrique Stel, Eduardo Carlos Videla, Martin Gutiérrez Velasco, Vicente Alfredo Flores, quienes en el momento de los hechos ejercían funciones en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181.
• Roberto Carlos Brunello, jefe de la Compañía Combate "My Keller" del Batallón de Comunicaciones 181, la cual tenía a su cargo la ejecución de los operativos de secuestro llevados a cabo por esa unidad. El acusado también integró la plana mayor del mismo batallón, en la doble calidad de oficial de Inteligencia (S2, en la jerga castrense) y oficial de Personal (S1) y ayudante del jefe.
• Emilio Ramón Etchart, jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181 y, de acuerdo con la acusación, en esa calidad participó en operativos de secuestros durante la época del terrorismo de Estado, particularmente en el que se realizó en el partido de Villarino el 9 de septiembre de 1976.
• Los expolicías Claudio Alejandro Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y Héctor Abelleira, quien se desempeñaba como oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal;
• Héctor Luis Selaya, quien era el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.