Masacre de Pingüinos en Punta Tombo: el jueves habrá veredicto

Tras el alegato final de la fiscal general Florencia Gómez se escucharon los alegatos correspondientes a los querellantes Martín Castro, en representación del Estado provincial, y el abogado Eduardo Hualpa en representación de las fundaciones Patagonia Natural, National Geographic y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

Castro destacó algunas pruebas testimoniales que se escucharon en el debate, como por ejemplo, los dichos del denunciante Luis La Regina (tío del imputado y con un campo lindante al establecimiento donde se produjeron los daños), de algunos especialistas como por ejemplo Pablo Borboroglu “por sus altos conocimientos científicos” y del relevamiento con imágenes que efectuaron los fotógrafos Maximiliano Jonas y Daniel Feldman.

Destacó el relevamiento efectuado por Borboroglu respecto de la cantidad de nidos y ejemplares afectados. También destacó los testimonios de testigos que refirieron a la ausencia de autorización para ejecutar los dos caminos y a otros que dieron cuenta de las imágenes satelitales para probar las fechas de realización de los caminos. En este sentido, contrastó testimonios de especialistas con los dichos de dos testigos maquinistas que fueron aportados por el defensor Federico Ruffa.

“No tengo dudas que el señor La Regina ha cometido un ecocidio y por ello la calificación legal escogida es la correcta”, indicó Castro para concluir en que “poco le preocupó al imputado la convivencia con los pingüinos”.

Castro concluyó que el imputado La Regina “a sabiendas de que no podía hacer lo que hizo, actuó de manera consciente afectando a la flora y la fauna, sin importarle el interés colectivo. Por eso tuvo una actitud dolosa”.

Entidades ambientalistas

Por su parte, Eduardo Hualpa que representa a las entidades ambientales, reiteró los efectos del delito investigado  y el carácter público “de toda la sociedad, que significa el bien afectado, el medio ambiente”.

Hualpa destacó el aporte científico para probar el caso, como por ejemplo los aportes realizados por especialistas en imágenes satelitales y espaciales que brindaron su testimonio, especialmente el testimonio de Samuel Guilford. Para el querellante quedó demostrado la ejecución de un camino y alambrado electrificado que dividió en dos a la colonia, el estrés causado en los pingüinos por la tarea de esa máquina, además de efectos más graves como la muerte de animales y pichones.

Destacó que el imputado tenía conocimiento que al momento de hacer el camino y la colocación de los alambres, existía una actividad creciente de presencia de pingüinos en plena época del año de reproducción.

Para Hualpa el daño causado se produjo en un momento de alta densidad de animales, quedando demostrada la crueldad de los medios utilizados. Concluyó pidiendo al Tribunal que se declare culpable a Ricardo la Regina, indicando que “el ambiente necesita protección porque se trata de un sistema que ya no resiste más agresión”. 

El defensor de Ricardo La Regina pidió la absolución de su cliente

Tras las pruebas testimoniales y documentales en el marco del juicio oral y público, el defensor del imputado por la presunta afectación de una colonia de pingüinos, realizó su alegato en el que pidió que el Tribunal del debate absuelva al imputado Ricardo La Regina.

Dijo que “esta causa nunca debió haber llegado a juicio porque no hay ningún pingüino muerto o daño alguno producido”.

Para Ruffa quedó demostrado que “no se pudo probar ningún pingüino o pichón muerto, ni ningún nido dañado”. Agregó que “fueron cuatro veces al lugar. El doctor “Borboroglu invadió una propiedad privada para realizar un informe, utilizaron drones, pero no agarraron una sola pala para hallar un solo pingüino muerto. Acá se exhibió un video de alto contenido emocional, con dos pingüinos muertos, pero al costado del camino, sin realización de autopsia alguna que permita determinar la causa de la muerte de esos animales”, indicó.  

Nada dijeron los acusadores sobre “el stres que sufrieron los pingüinos que todos vimos tomando aguas de líquidos cloacales”. Destacó que “no hay nada dañado porque no afectó nada ajeno, ya que se trata de un bien inmueble de propiedad de su padre y del cual el imputado es administrador”.

Expresó que los funcionarios públicos que brindaron sus testimonios en el juicio, se expresaron de manera “confusa” al momento de las condiciones o requisitos para solicitar un estudio de impacto ambiental. En este sentido, hizo un paralelismo con obras importantes de movimientos de suelo en estancias ganaderas con mayor poder económico en la Península de Valdez.

Se le achacan delitos a un productor ganadero “pero nada se le reprocha al Estado haber ejecutado un centro de interpretación con topadoras, igual o peor que Ricardo La Regina, en pleno mes de septiembre, entre su tío Alberto y el Estado”, dijo Ruffa.

En alusión a los acusadores, querella y Fiscalía dijo que “se subieron a una ola y ahora no saben cómo bajarse, algunos con intereses loables y otros por no sé qué tipo de intereses”. Seguidamente, se refirió a Alejandro Borboroglu y su conducta en la inspección ocular que hicieron las partes en el lugar de los hechos. “El testigo no quería que se vea el camino que hizo el tío del imputado, por el que llegaron en camioneta, del que todos se olvidan y que es paralelo al que hizo Ricardo La Regina. Demuestra la calidad de la información que brindó en este juicio”, indicó en alusión al doctor en biología Borboroglu.  “Son ellos mismos los que nada dicen sobre los desbordes cloacales en Punta Tombo y las construcciones realizadas sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Nadie se horrorizó por estos asuntos”, destacó.

Manifestó que la misma fiscal Gómez reconoció que “existe un vacío legal en este tipo de delitos, pero que se resuelven en otro ámbito y no a costa de los derechos de un ciudadano”, indicó en alusión a su cliente. 

Luego enumeró ejemplos en los que el mismo Estado cometió delitos en contra del medio ambiente, como incendios forestales en la cordillera del Chubut en el año 2021 o avalando el envenenamiento de fauna silvestre que hizo una poderosa empresa privada en la Isla Toba, al sur de Camarones con el objetivo eliminar a miles de conejos. “Judicialmente, nada se hizo, los responsables fueron funcionarios provinciales y pareciera ser que solo fueron simples contravenciones. ¿Pero lo que hizo Ricardo La Regina fue un delito contra la humanidad?”, se preguntó el abogado.   

Ruffa finalizó su alegato en pedir al Tribunal que absuelva a Ricardo La Regina y “que no pisotee el Estado de Derecho”. Tras ello, la presidente del Tribunal, María Laura Martini, anunció que el fallo se conocerá públicamente el próximo jueves a las 11 horas.