Causas de delitos de lesa humanidad: en 14 años se dictaron 250 sentencias

En su informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, que contiene el diagnóstico anual de 2020, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 -9 de las cuales hasta el 4 de diciembre de este año- en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.

El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que "más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país". Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

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Asimismo, pone de relieve que "disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior (de 22 a 9), y el número de personas detenidas" (863 en la actualidad) y que "se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante". El 74% de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:

Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.

De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70%) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.

La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (Ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.

Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11. Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que "además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido", indica el informe.

El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, "un número estable en todo el período" de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son "los niveles más bajos registrados desde 2015", señala.

En relación a las causas en instrucción, "el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible", valora la Procuraduría.

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culminó, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se "consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018", precisa.

Mientras tanto, "continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia", dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.

A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de "espiral recursivo", el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Detenidos desaparecidos en Santa Cruz

– Juan José Antúnez: Detenido a sus 22 años en febrero de 1977 mientras era soldado conscripto en el Batallón de Ingenieros de Combate 181 de Río Gallegos, Santa Cruz.

– Héctor Manuel Irastorza: Secuestrado a sus 25 años en febrero de 1977 en Puerto Deseado, Santa Cruz, donde era médico en el Regimiento de Caballería. Según testimonios de ex detenidos, fue visto cautivo en el centro clandestino de detención “La Cacha” de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

– Pedro Llorente Serrano: Carpintero español de 32 años desaparecido en 1977 en Río Gallegos.

– Emilia Patricia Reñanco: Estudiante chilena de 18 años desaparecida en 1978 en Caleta Olivia, Santa Cruz.

– Luis Orlando Vargas: Peón de campo chileno desaparecido en Perito Moreno, Santa Cruz, en 1977.

– José Enrique Valdivia: Chileno desaparecido en Río Gallegos. Su nombre aparece en los registros del Ministerio de Justicia como “presunción de desaparición forzada” pero sin denuncia formal. También está en la lista de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz, pero allí está listado como desaparecido.

Detenidos desaparecidos nacidos o relacionados con Santa Cruz

– Walmir Oscar Montoya: Nació en Caleta Olivia y fue secuestrado en 1977, cuando tenía 25 años, en La Plata. Meses después fue asesinado en Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Su pareja, Laura Carlotto, era la hija de la militante por los derechos humanos y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Laura dio a luz en cautiverio en junio de 1978 a un niño al que llamó Guido y dos meses después fue asesinada. Tras casi cuatro décadas, Guido se presentó de forma espontánea en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y el 5 de agosto de 2014 recuperó su identidad.

– Juan Carlos Rosell: Nacido en Río Gallegos, tenía 32 años y era diputado provincial mandato incumplido de Santa Cruz al momento de su detención en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1976. Era militante de la Juventud Peronista, participó de la fundación de la Unidad Básica “Mártires de Trelew” y actualmente el recinto de la Legislatura Provincial lleva su nombre.

– Margarita Delgado: Santacruceña secuestrada en noviembre de 1977 en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, con su esposo Horacio Bau y sus dos hijas. Sus hijas, Mariana y Liliana, fueron localizadas en 1985 por la comisión gubernamental que coordinaba Enrique De Vedia (Abuelas de Plaza de Mayo). Los restos de Delgado fueron encontrados años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

– Delmiro Segundo Villagra: Nació en Río Turbio, Santa Cruz. Era estudiante universitario y tenía 22 años cuando fue secuestrado en diciembre de 1976 en La Plata.

– Federico Gerardo Lüdden: Santacruceño secuestrado en un operativo ilegal de detención en noviembre 1976 en La Plata.

– Ricardo Alberto Cittadini: Estudiante universitario santacruceño, tenía 23 años cuando fue secuestrado en agosto de 1976 en la Ciudad de Buenos Aires.

– Inés Magdalena Uhalde: Nació en Puerto Deseado y fue secuestrada en agosto de 1976 en Córdoba, cuando tenía 20 años.

– Adriana Cecilia Barcia: Nacida en Río Turbio, fue secuestrada entre julio y agosto de 1976 en Tucumán a sus 24 años.

– Marta Ofelia Borrero: Nació en Río Gallegos y fue secuestrada en enero de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires.

– Viviana Admetlla: Nacida en Capital Federal, fue maestra en Calafate y Río Gallegos. Fue secuestrada a sus 22 años en 1978 en San Justo, Provincia de Buenos Aires.

– Daniel Alberto Toninetti: Nació en Córdoba, era empleado municipal y tenía 26 años cuando fue secuestrado en La Plata en abril de 1977. (Fuente: Chequeado.com)