Fiscales federales de Río Gallegos y Caleta Olivia participaron de la mesa de discusión Social

La Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por la Resolución PGN 1442/13, reunió el viernes pasado en Bahía Blanca a fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, integrantes de organismos de derechos humanos, y representantes de querellas y de agencias estatales que participan en los procesos por crímenes de lesa humanidad en las regiones patagónica y pampeana. Allí debatieron en torno a los desafíos y las dificultades que enfrenta el avance de las causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del terrorismo de Estado y para formular, en conjunto, propuestas superadoras.

La reunión continuó con la propuesta de celebrar encuentros regionales en los que, además de debatir sobre las problemáticas generales que atraviesa el proceso de justicia relacionado con las causas por crímenes de lesa humanidad, se puedan discutir particularidades de carácter local, que permitan una construcción colectiva de carácter federal y el afianzamiento de los vínculos con los organismos de Derechos Humanos de los ámbitos provinciales/regionales, a los que suele resultarles complejo participar de las mesas institucionales de discusión nacionales.

En el encuentro se analizó la situación de las secciones judiciales de Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Comodoro Rivadavia, General Roca, Viedma, Río Gallegos, Caleta Olivia y Río Grande. En este ámbito, se reconoció el valor de la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal, las querellas y los organismos de derechos humanos como pilar de los logros alcanzados. Se destacó asimismo el valor del trabajo articulado entre las distintas fiscalías federales y unidades fiscales y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

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En el contexto de la reunión se debatieron problemáticas relacionadas con la aplicación del régimen de progresividad de la pena, previsto por la ley 24.660; el otorgamiento de prisiones domiciliarias; las salidas transitorias; la libertad condicional; entre otros. Respecto a lo último, el eje fue puesto en la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma, especialmente en lo que refiere la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso, prevista en la 27.372.

También se abordaron las dificultades derivadas de las vacancias de los tribunales, así como aquellas que resultan de los reenvíos, tal como se denomina al proceso de revisión y modificación de los términos de la sentencia que deben realizar los tribunales de juicio por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otro lado, se mencionó la preocupación por las demoras en la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos pendientes en la causa que investiga los hechos padecidos por soldados conscriptos en la guerra de Malvinas.

En este contexto, se acordó el carácter prioritario que tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido con las víctimas del terrorismo de Estado y el deber de garantizarlo por parte del Estado a través de estas investigaciones.

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En el mismo sentido, se planteó la importancia de avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas, que sigue siendo una de las deudas del proceso de juzgamiento.

También se abordó la importancia de la incorporación en los procesos judiciales de los casos de las víctimas que, siendo niños y niñas, padecieron violencias, como haber presenciado los secuestros de su padre y/o madre, y/o que fueron llevados a los centros clandestinos de detención junto a ellos, o abandonados en la vía pública, o dejados con familiares o vecinos, o llevados a distintos organismos vinculados entonces con la minoridad sin haber sido correctamente identificados, etcétera. Se trata de un tema de especial interés para la Procuraduría.

Durante el debate se consensuó además la necesidad de avanzar en las causas que tratan la responsabilidad empresarial y la complicidad de civiles con los crímenes de lesa humanidad, en contexto con la reciente absolución dictada al entonces dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, cuya situación debe resolverse en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Finalmente, se abordó la importancia de tratar el negacionismo del terrorismo de Estado, los discursos de odio y el legado a las futuras generaciones.