Fueron liberados los imputados y continúan sujetos a la causa

El operativo Alianza Austral, fue una investigación que inició hace cuatro años, y dio sus frutos en agosto de año, por el que se realizaron 71 allanamientos simultáneos, secuestrando drogas, dinero en efectivo de varios países, cigarrillos, cubiertas, entre otros.

Los procedimientos realizados en Argentina tuvieron como objetivos estudios contables, domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional, entre ellos, funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se libraron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales.

Desde ese momento, el Juez Federal de Instrucción, dictó la prisión preventiva a cinco hombres, y los demás quedaron imputados, pero en libertad, para luego continuar tomando declaración indagatoria.

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Los detenidos son Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo Oyarzun, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo, quienes están acusados por los delitos de asociación ilícita agravada por ser jefes de la organización, en concurso real, contrabando agravado reiterado, lavado de activos ilícitos.

Las defensas de los detenidos apelaron la decisión del Juez Federal de Instrucción, cuyo resultado se dio a conocer hoy, según pudo conocer este medio, el Tribunal de Apelaciones dispuso la libertad de los cinco, ya que no consideran que puedan huir de la provincia donde residen, como así tampoco entorpecerían las investigaciones.

Además, se dispuso que no hubiera comunicación entre los imputados y de las estancias que utilizaban para contrabandear.  

El caso

En la causa se investiga el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional, cuyo principal cometido estaría orientado al contrabando de mercaderías (cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero), estupefacientes, y al lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita. El objeto fue ampliado a la fecha a la investigación de trata de personas y/o tráfico migratorio.

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La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.

El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizan por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.