“Me violan”, el desgarrador relato de una joven con retraso madurativo contra un policía

En 2017 un aberrante hecho se produjo en la localidad salteña de Metán. Actualmente se está llevando a juicio a un efectivo policial que es acusado de abusar de joven con retraso madurativo. El hombre enfrenta una acusación por “violar los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado”.

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En la tarde del hecho, Marcos Abraham Camacho (por ese entonces 25 años) se encontraba prestando servicio en el hogar donde residía la víctima. De acuerdo al legajo de investigación 77/17, el acusado había llevado a la joven a un baldío cercado donde la violó. Las pericias realizadas por el equipo del Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico Científico del CIF determinaron que “el efectivo dio positivo al examen de alcohol etílico en las muestras analizadas”.

Además, vecinos y familiares declararon que ese día buscaban a la joven porque había desaparecido de su domicilio durante mucho tiempo. Tras una intensa búsqueda, observan que el uniformado sale de un terreno cercado “evidentemente nervioso y con pasto en su cabeza”. Cuando le preguntaron por la víctima respondió que no sabía.

En ese momento la familia decide entrar al cerco y “encuentran al adolescente con tierra en su ropa y muy desesperada”. Ante toda esa situación el padrastro de joven decide radicar la denuncia.

Después del ataque, Camacho fue convocado a la realización del estudio psicológico, pero se abstuvo de someterse a las pericias. La próxima audiencia de debate se realizará el 20 de abril a las 9.

La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley N°26.485) en el ámbito nacional, estableció la violencia institucional como un ámbito donde puede manifestarse los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Esta definida como “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”.