Minero condenado por transporte de estupefacientes

La audiencia se llevó a cabo por medios virtuales, con las personas imputadas desde la comisaría de la ciudad de 28 de noviembre, la jueza en su despacho de la ciudad de Río Grande y la defensa y la fiscalía desde Río Gallegos.

La audiencia se llevó a cabo por medios virtuales, con las personas imputadas desde la comisaría de la ciudad de 28 de noviembre, la jueza en su despacho de la ciudad de Río Grande y la defensa y la fiscalía desde Río Gallegos.

El Juzgado de Garantías de Río Gallegos condenó este lunes a cuatro años de prisión a un minero como autor del delito de transporte de estupefacientes, en el marco de un acuerdo pleno. El acusado reconoció su responsabilidad en el traslado de una encomienda que contenía marihuana. El paquete había sido descubierto por personal del Escuadrón 43 "Río Turbio" de la Gendarmería Nacional, a partir de la actuación de un can adiestrado que marcó el bulto durante tareas de control en la sede del Correo Argentino de la ciudad santacruceña de 28 de noviembre.

Proceso judicial

La solución fue alcanzada a cuatro días de iniciado el proceso y comprende a otras dos personas imputadas como partícipes secundarias de la maniobra, respecto de quienes se acordó la suspensión del proceso a prueba. La condena fue la primera en dictarse desde la implementación en diciembre pasado del sistema acusatorio en el distrito Comodoro Rivadavia.

La audiencia celebrada este lunes, inició con la exposición del fiscal Zárate —con la asistencia de la prosecretaria Valeria Todaro— en la que formalizó la investigación preparatoria contra el minero Alejandro Benítez, de 44 años. El fiscal explicó que la investigación había tenido origen el 21 de enero, en el marco de tareas de prevención realizadas por la Gendarmería Nacional.

El fiscal sostuvo que durante la inspección del teléfono celular del imputado se hallaron intercambios de mensajes que evidenciaron su participación en la maniobra. Las medidas de investigación incluyeron un allanamiento en la casa de Benítez, donde se encontraban dos mujeres, entre ellas D.P., quien residía en Formosa y figuraba como remitente de la encomienda.

Zárate calificó los hechos como transporte de estupefacientes, estableciendo la responsabilidad de los involucrados y detallando las penas y condiciones acordadas para cada uno. La jueza Borruto aceptó el acuerdo y ordenó la destrucción del material incautado, además de considerar la situación económica de los imputados para no solicitar el decomiso de sus teléfonos celulares.